La DGA quiere obligar a los bancos a ceder las viviendas vacías que procedan de desahucios

El futuro decreto de medidas urgentes en materia de vivienda incluirá la obligación legal de que los bancos cedan a la DGA los pisos vacíos procedentes de desahucios. Esta es una de las principales medidas que incluye la normativa, que establecerá además una moratoria de lanzamientos en los procedimientos judiciales y extrajudiciales hasta que no se pueda ofrecer una alternativa a los afectados y se abre la posibilidad de que la DGA pague la renta de los afectados por un desalojo, aunque solo para casos "excepcionales".

Así lo explicó ayer el consejero de Vertebración Territorial y Vivienda del Ejecutivo PSOE-CHA, José Luis Soro, en el Foro de la Vivienda de Aragón, que reúne a representantes de la administración, promotores, entidades financieras y al que se acaban de incorporar colegios profesionales o plataformas vinculadas a la lucha contra los desahucios. La normativa nace en un marco de incertidumbre, por la dificultades jurídicas que suelen tener este tipo de medidas.

Soro asumió que no quiere "generar debates estériles" que produzcan "frustración". "El Constitucional ya ha dicho que la expropiación no es posible. Estamos moviéndonos en soluciones legales", afirmó. Hay que tener en cuenta que estas iniciativas han fracasado en Andalucía, Cataluña o País Vasco, por los recursos judiciales del Estado.

Por eso, Soro insistió en el concepto de cesión, que implica que los bancos mantienen la propiedad del inmueble. La DGA no adelantó cuántas viviendas podrían obtenerse, dado que aún se está pendiente de que las entidades faciliten esos datos, aunque estas fórmulas no suelen posibilitar cifras demasiado elevadas. En cualquier caso, Soro calificó de "audaz" la obligatoriedad de ceder a la administración las viviendas procedentes de desahucios (la futura ley de vivienda prevé incluir sanciones en función del valor catastral). "Pero es una solución defendible jurídicamente", insistió. Además destacó la posibilidad de suscribir convenios con las entidades financieras y la Sareb, también conocida como banco malo.

Añadió que su departamento quiere que por esas viviendas se abone una renta que no supere el 30% de los ingresos. "Y la diferencia entre la renta social y la que corresponda a la entidad financiera la pagará la administración", dijo. Los inmuebles se incluirán en el Fondo Social de Vivienda de Aragón para destinar al alquiler los pisos de titularidad pública, así como los cedidos por los bancos, la Sareb o cualquier persona física o jurídica. También se crea un registro de viviendas desocupadas procedentes de desahucio "para controlar esa obligación" de aportarlas.Medidas judiciales

El consejero subrayó las medidas judiciales. Según explicó, la norma establecerá que cuando haya un proceso de ejecución hipotecaria ese procedimiento se paralice hasta tener una alternativa al afectado. Subrayó que la solución debe ser "rápida". Añadió que el Ejecutivo autonómico quiere que en los casos de los desahucios por impago del alquiler, uno de los problemas más acuciantes en materia de vivienda, el órgano judicial tendrá la obligación de comunicarlo a la administración para buscar una alternativa al desalojado. "Y en situaciones excepcionales la DGA podrá asumir el pago de la renta para que no se pierda la vivienda", dijo.

Soro no cuantificó el coste de todas estas medidas, a la espera de que la próxima semana se haga público el presupuesto. Pero el consejero avanzó que "la parte de política de vivienda experimentará un incremento sustancial". "Hay que incrementar el parque de vivienda. Y eso cuesta dinero", insistió Soro, que recordó que hay 4.000 solicitudes para la bolsa de alquiler "a las que no se puede dar solución". Avanzó que la ley de presupuestos incluirá una modificación con la que para estar en la bolsa social de pisos de alquiler no será obligatorio acreditar estar al corriente del pago con Hacienda y la Seguridad Social, siempre que se cumplan las condiciones.Nueva ley de vivienda

Soro informó además a los participantes en el foro de las novedades de la futura ley de vivienda de Aragón, así como el calendario de aprobación, que prevé que los trabajos se desarrollen a lo largo de 2016 con el objetivo de que puede estar aprobada en marzo de 2017 después de un amplio proceso de participación.