Podemos exige al menos 405 millones extra para gasto social y el PSOE ve difícil asumirlo

Podemos fijó ayer los términos de la negociación de los presupuestos de 2016 al reclamar al Gobierno PSOE-CHA un aumento "mínimo" de 405 millones de euros en gasto social e I+D respecto a las partidas de este ejercicio. Fuentes del Ejecutivo autonómico mostraron su sorpresa por el movimiento de sus aliados y advirtieron de la dificultad para cumplir, aunque públicamente reiteraron su apuesta por priorizar la dotación en Educación, Sanidad y servicios sociales. En esta línea, el portavoz parlamentario del PSOE, Javier Sada, mostró su disposición a hacer "el mayor esfuerzo posible", para lo que emplazó a sus aliados políticos a sentarse a negociar "hasta dónde se puede llegar".

Los socialistas solo les han adelantado algunos números gruesos del borrador presupuestario, que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, pretende llevar a las Cortes entre finales de semanas y principios de la siguiente. Con esta información, la portavoz parlamentaria de Podemos, Maru Díaz, reconoció el compromiso verbal de la DGA de aumentar las citadas partidas, pero sin esperar a conocer los detalles se adelantó a cuantificar el esfuerzo que se deberá hacer en el Pignatelli: 200 millones más en Sanidad, 90 para Educación y otros tantos para gasto social, además de 12 millones extra para la investigación y la misma cifra para la Universidad. Su propuesta se completa con sendas partidas de 500.000 euros para poner en marcha una oficina anticorrupción y un organismo de crédito público.

El grueso del dinero se reclama para cubrir todo el gasto de la nóminas de Educación y Sanidad, que el PP infradotó este año y ha obligado al PSOE a retener créditos y aprobar una modificación presupuestaria de 174,2 millones para garantizar los sueldos hasta fin de año. "Hay que garantizar unos servicios públicos de calidad y universales", dijo Maru Díaz.

El consejero de Hacienda ha reiterado que las Cuentas de 2016 recogerán el gasto real de la Administración, lo que supondría que casi la mitad del dinero exigido por Podemos ya estaría recogido en el borrador, el destinado a la plantillas educativa y sanitaria. No obstante, también defienden que se doten plazas sin cubrir, de modo que en dos años se pueda paliar los recortes de la pasada legislatura.

Igualmente, exigen 36 millones para impulsar colegios, fondos para lanzar la tramitación de los hospitales de Alcañiz y Teruel, además de 100 millones para cubrir el déficit presupuestario en los suministros sanitarios.

La partida para gasto social permitiría cubrir la renta social básica y los retrasos en los pagos de la dependencia. Maru Díaz defendió que con los 90 millones reclamados se lograría, de forma paralela, generar empleo directo "en el sector de los cuidados". La mayor parte de este dinero ya está garantizado en el borrador presupuestario, ya que el propio presidente, Fernando Gimeno, adelantó que se incluirá los 60 millones extra necesarios.

El consejero de Hacienda no quiso pronunciarse acerca del planteamiento de Podemos, pero dispondrá de margen para negociar, que los socialistas cifran en torno a los 400 millones de euros. Solo con el techo de gasto no financiero aprobado la semana pasada contarán con 140 millones adicionales, aunque Gimeno viene repitiendo que cuenta también con los 187 millones que llegarán de más del Estado gracias a las entregas a cuenta y con los 88 millones de la subida fiscal propuesta. Sin embargo, el objetivo de déficit se reducirá al 0,3%, que supone tan solo 107,5 millones e implicará un ajuste considerable: este año se debería cerrar con un 0,7%, pero en septiembre se acumulaba ya el 1,3%, que implica 433 millones.

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, señaló que existe también el colchón del ahorro en intereses y amortizaciones previstas gracias a la refinanciación de las empresas públicas y al acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "El ahorro será importante y debería destinarse a gasto social", apostilló.

El portavoz socialista confió en llegar a un acuerdo, dado que los dos partidos tienen "claro" que la "prioridad absoluta" es el gasto social. Eso sí, señaló que no se puede obviar la "realidad financiera de la DGA".