Las funcionarias víctimas de violencia machista ya pueden cambiar de destino
Con esta medida también se procurará que el traslado no suponga un grave perjuicio económico para la empleada pública.
Las empleadas públicas víctimas de la violencia machista tienen desde este miércoles la garantía del derecho a la movilidad del puesto de trabajo, después de entrar en vigor esta medida que se incluye en el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración general, aprobado el pasado viernes.
La Administración "facilitará su traslado y, si no existiera vacante, podrá hacerlo con su propio puesto", ha explicado en una nota el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Estos traslados tienen consideración de "forzosos" y llevan aparejados las indemnizaciones correspondientes a los mismos.
Con esta medida, que entra en vigor coincidiendo con el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las mujeres, también se procurará que el traslado no suponga un grave perjuicio económico para la empleada pública, de forma que el puesto ofertado deberá ser similar al de origen.
No obstante, el puesto de origen queda reservado durante los primeros seis meses, de forma que la empleada pública puede solicitar la reincorporación si las circunstancias personales han cambiado.
Pasado ese plazo, podrá solicitar su retorno y se valorará la petición.
En la medida se hace especial hincapié en preservar la intimidad de las víctimas y los familiares a su cargo y se prevé también el traslado en el caso de que la víctima de la violencia sea una hija menor de edad u otra menor a su cargo.
"El Gobierno ha tenido en cuenta la necesidad urgente de trasladarse de las mujeres que sufren la violencia en su entorno y facilita, de esta forma, que puedan incorporarse a su trabajo cuanto antes y recuperar la normalidad socio-económica", ha destacado Hacienda.
La resolución se aplica a todas las empleadas públicas, con independencia de su régimen jurídico, ya sean funcionarias o laborales, y se han establecido unos plazos limitados de tramitación para agilizarse el traslado requerido.
Está previsto que la Administración colabore activamente en la protección de las empleadas públicas de otras administraciones que puedan requerir un traslado por resultar necesario un cambio geográfico en su lugar de trabajo que exceda del ámbito territorial o de la disponibilidad de puestos de su administración de destino.
