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Aragón

Unanimidad en las Cortes para pedir la puesta en marcha de las depuradoras pendientes de ejecución

El Parlamento ha solicitado que se hagan "con el modelo más sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental".

La Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las Cortes autonómicas ha aprobado por unanimidad una moción, impulsada por el PP y enmendada por el PSOE, que insta al Gobierno de Aragón a "poner en marcha, en el plazo más breve posible", previa revisión del Plan de Saneamiento, "las depuradoras pendientes de ejecución".

Asimismo, el Parlamento ha solicitado que se hagan "con el modelo más sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental, para cumplir con las obligaciones que, en materia de saneamiento y depuración, se establecen en la legislación estatal y europea", ha informado las Cortes en una nota de prensa.

El diputado del PP, Ramón Celma, ha remarcado que "los matices que podemos debatir sobre este asunto se salen de esta moción", mientras que "la realidad es que, de acuerdo a la directiva europea, todos los usuarios tienen derecho a consumir agua de buena calidad y, por lo tanto, es urgente que se acabe este Plan de Saneamiento".

Herminio Sancho, del PSOE, ha destacado que el Departamento de Desarrollo Rural pretende "dar continuidad a los contratos ya adjudicados", pero "en los que la licitación fue paralizada, se va a recurrir a la ejecución directa, lo que supone la necesidad de financiar directamente la inversión". Además, se pretende "abrir una línea de subvenciones específicas para depuradoras en pequeños municipios".

La parlamentaria de Podemos, Marta de Santos, ha criticado que el anterior Gobierno "desoyó los consejos del Ministerio, ocultando la guía práctica de depuración de aguas en pequeños municipios" y puso en marcha "el modelo que ahora estamos criticando, gastando una porrada de millones y resultando un fiasco". 

En representación del PAR, Lucía Guillén, ha recordado que "Aragón hizo una planificación autoexigente a la hora de afrontar este asunto" y, en su opinión, el argumento de que "es más caro el sistema privatizado" no es real ya que "dependerá de la Administración, que es la que fija las condiciones".

El diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha expresado su rechazado con que "haya municipios que están pagando por no depurar vertidos, aunque la responsabilidad de hacer las obras sea del Instituto Aragonés del Agua" y ha considerado necesario la "revisión completa del Plan de Saneamiento y un replanteamiento de las necesidades."

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU), ha recordado el 'Compromiso por una gestión pública y participativa del agua' firmado por el partido que está en el Gobierno, que "constata que el Plan de Saneamiento ha privatizado la gestión del servicio de saneamiento y ha forzado la cesión de competencias de los ayuntamientos y ha sobredimensionado las instalaciones".

La Comisión ha debatido otro texto del PP, que pedía al Ejecutivo "suscribir a la mayor brevedad el convenio de colaboración entre Administraciones para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para sus territorios" y que ha sido rechazado.

Ramón Celma ha indicado que ya está en marcha, pero ha considerado necesario su debate para poner "en evidencia que las iniciativas de la oposición tienen su peso en el Gobierno".

Sin embargo, la propuesta no ha recibido el apoyo de PSOE, Podemos y CHA, que han votado en contra. El socialista Darío Villagrasa ha precisado que estas licencias "ya se pueden solicitar" y que "no podemos votar algo que ya está creado".

El diputado de Podemos, Nacho Escartín, ha sostenido que la licencia interautonómica "beneficia sobre todo a los señoritos que vienen aquí, llegan, depredan y se van", por eso ha expresado su posición contraria al texto "aunque no valga para nada", así como a la Ley de Caza, un rechazo que ha compartido con el Grupo Mixto, desde el que Patricia Luquin ha calificado el texto legal como "un retroceso".

A favor de la propuesta del PP se han manifestado la diputada del PAR, Lucía Guillén, que ha apuntado que se trata de "una vieja reivindicación del sector", y el parlamentario de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, quien ha sostenido que "es vergonzoso que haya diecisiete leyes de caza".

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