La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre, obligará a los fiscales de toda España a realizar una tarea titánica de revisión de miles de casos en un tiempo exprés: seis meses. Las críticas al nuevo texto normativo, que fue publicado a principios del mes de octubre en el BOE, no se hicieron esperar y recorrieron todo el espectro judicial.  

El cambio se anunció en marzo de 2015. Para justificar la reforma, el Gobierno dio múltiples argumentos entre los que sobresalían dos: agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales. Así, el texto elaborado por el Ejecutivo estableció que los asuntos sencillos tendrán un plazo máximo de instrucción de seis meses, mientras que la de los complejos será de 18 meses prorrogables por otro plazo similar.

El día 5 de diciembre, fecha que entra en vigor el cambio, arranca el plazo de seis meses para calificar todas las causas en trámite como sencillas o complejas.

?Miles de casos en toda España

Según cálculos realizados por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en toda España tendrían que revisarse 370.000 casos penales. De ellos, unos 12.500 corresponderían a los juzgados aragoneses. Estos son los cálculos que hace la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a partir de las últimas cifras oficiales de casos en trámite facilitadas por el CGPJ (y que hacen referencia al segundo trimestre de 2015). Como otras muchas organizaciones judiciales (la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria o la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, entre ellas), la UPF se ha posicionado en contra de la reforma. 

"Se trata de una carga de trabajo muy importante que se suma a nuestras tareas diarias, por la que ya vamos bastante apurados", valora Álvaro García Ortiz, presidente de la UPF. García Ortiz añade, además, que esos miles de casos que habrá que revisar "no son fáciles". "Son los casos que tienen más tomos, casos de mucha complejidad", afirma.

El fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández Furquet, explicó a HERALDO.es que la labor de revisión comenzó a finales del mes de octubre y calificó la tarea como "un trabajo de chinos". 

Para llevar a cabo esta tarea, el Ministerio de Justicia ofreció medios materiales y personales a las fiscalías, a las que se les solicitó que enviaran a Madrid cuáles eran sus necesidades para tenerlas en cuenta y, en su caso, atenderlas. 

¿Cómo afecta a los casos de corrupción? 

En un comunicado, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria valoró que la reforma contiene algunos aspectos técnicos "cuya regulación era necesaria", pero a la par señaló que "la imposibilidad de practicar una investigación suficiente determinará el archivo de la causa o, tras juicio, la absolución y, con ello, la impunidad de los delincuentes". 

Y a continuación se preguntaba: "¿Se hubiera llegado a averiguar lo que hoy conocemos sobre los hechos ocurridos y sus responsables de los casos Gürtel, ITV, Malaya, Mercasevilla, Palau o Palma Arena [entre otros] con la regulación de la LECrim que ahora se introduce? La respuesta, sin duda, es no". Este extremo fue rechazado por Rafael Catalá, quien sostuvo en una reunión con el Consejo Fiscal que "la propia Ley establece mero transcurso de los plazos no producirá el archivo de las causas". 

Desde la publicación de la reforma en el BOE, Catalá ha atendido las peticiones de suspensión de varias organizaciones vinculadas a la Justicia. Todas ellas obtuvieron el 'no' por respuesta y la nueva LeCrim será una realidad en apenas unos días, aunque es cierto que el ministro no descartó llevar a cabo la suspensión si, en junio de 2016, se observa que el cumplimiento de la ley no es posible.