El Gobierno de Aragón y los obispados de Barbastro-Monzón y Huesca siguen avanzando en el diseño de la hoja de ruta conjunta que permita lograr la devolución de los bienes de arte sacro retenidos en el Museo de Lérida. Y esa estrategia contemplaría, entre otras acciones, tomar medidas judiciales para recuperar las más de cien piezas procedentes de las parroquias aragonesas, cuya propiedad ya ha sido reconocida tanto por los tribunales eclesiásticos como por los civiles.

Lo que no se ha conseguido hasta ahora es que un juez dicte la orden de retorno, aunque la DGA lo ha intentado en varias ocasiones. Ahora, la intención del Departamento de Educación y Cultura y de las diócesis implicadas es exigir al obispado catalán en los tribunales la vuelta del arte religioso, aunque en la demanda también se incluiría al resto de miembros del consorcio que gestiona el museo: Generalitat de Cataluña, Diputación de Lérida, Ayuntamiento y Comarca del Segriá.

Desde que por fin reconocieran en 2008 su obligación de acatar las resoluciones vaticanas de entrega, los sucesivos prelados ilerdenses se han escudado en la imposibilidad de levantar el depósito de las piezas en el museo que en su día hizo la diócesis catalana, ya que las instituciones civiles se oponen frontalmente a la devolución. Y teniendo en cuenta que la sentencia que se dicte les afectaría, se prevé incluirlos en el proceso como coadyuvantes necesarios.

Cabe recordar que el pasado verano los obispos de Barbastro-Monzón y Huesca, Ángel Pérez Pueyo y Julián Ruiz, respectivamente, ya enviaron sendos requerimientos a su entonces homólogo, Joan Piris, en el que le recordaban su "obligación" de restituir los bienes a sus "legítimos propietarios". Y le advertían de que haberlos dejado en manos del consorcio "no puede ser impedimento" para levantar el depósito "cuando lo considere oportuno". Este fue el argumento que volvió a esgrimir en su contestación Piris, que en septiembre fue relevado por Salvador Giménez Valls. Desde su llegada, el nuevo obispo de Lérida ha mostrado su disposición al diálogo para resolver el litigio, si bien desde el primer momento también insistió en que no depende "exclusivamente" de él.

Además, los prelados oscenses avisaron en sus requerimientos de que de no producirse la entrega, se verían "obligados" a denunciar la adscripción del obispado de Lérida al consorcio del museo.

Aunque la DGA ya ha dejado claro su interés en participar en el proceso judicial, son los propietarios de los bienes reclamados los que deben instarlo y según fuentes de Cultura, en la última reunión, hace un mes, estos expresaron su intención de dar el paso. "Creemos que es el camino adecuado", comentó el Ejecutivo.

El Gobierno aragonés ya acudió a los tribunales en 2009, pero el juez denegó sus pretensiones por su falta de legitimación. Por ello, la entonces presidenta, Luisa Fernanda Rudi, pidió a los obispos en 2012 los poderes para litigar en su nombre, y estos se negaron.

En los próximos días, representantes del Departamento de Educación y Cultura y de las diócesis se reunirán para acabar de perfilar las acciones que quieren emprender. A la espera de esa cita, desde la diócesis barbastrense eludieron referirse a este asunto y se limitaron a señalar que la iniciativa del encuentro no es suya.

Mientras, y como medida complementaria, la DGA trabaja en la solicitud que enviará al Ministerio de Asuntos Exteriores para que haga cumplir el Concordato y ejecute las resoluciones vaticanas.