El anterior Gobierno de Aragón firmó a comienzos de este año un convenio con la Sareb por el que el llamado banco malo cedía 80 viviendas para incorporarlas a la bolsa de alquiler social, pero hasta ahora no han servido para satisfacer la demanda existente (hay 4.000 solicitantes) ni para dar una solución a familias desahuciadas. "No han servido de nada porque hay que hacer reparaciones que no podemos hacer, y si no hay presupuesto suficiente, seremos incapaces de resolverlo", reconoció ayer en las Cortes el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.

Informó de esta situación a raíz de una interpelación sobre la política de vivienda de la diputada de Podemos Violeta Barba, que expresó su "cabreo" porque después de más de cuatro meses en el Pignatelli, "todo son meras declaraciones de intenciones poco prácticas y que no tienen ninguna repercusión real" sobre las personas que pierden su casa. Y criticó que "los bancos en los que la DGA tiene cuentas siguen desahuciando".

Soro, que acusó a la podemista de hacer "gala de una miopía política preocupante", le recordó que no depende del Gobierno "que haya o no desahucios" y que su obligación es buscar "soluciones habitacionales" a los afectados, que forman parte de un listado "gravísimo y agobiante", admitió. No obstante, dijo que el trabajo realizado hasta ahora por la Dirección General de Vivienda es "para sentirse satisfecho", ya que de los 63 lanzamientos judiciales, 34 familias han podido ser realojadas, mientras que otras 4 renunciaron a las viviendas que se les ofrecieron y quedan 25 casos pendientes de hallar una solución.

Soro detalló que 10 de los desalojos fueron por ejecución hipotecaria y los 53 restantes por impago del arriendo. "El problema ahora se focaliza en el alquiler", advirtió. En este sentido, asumió la necesidad de incrementar las partidas para ayudas al alquiler, ya que este año, con los 4,7 millones aportados por el Estado y la DGA, solo se han podido conceder 3.364 y se han quedado fuera más 4.603 solicitantes.

Y recordó que además de los casos de desahucio comunicados por los jueces al detectar situaciones de vulnerabilidad, el Departamento ha intervenido en otros cuatro procesos, tres de ellos trasladados por las plataformas antidesahucios y otro del que tuvieron conocimiento a través de un correo electrónico. "Hemos llamado a los bancos y llegado a acuerdos", afirmó.

Decreto de medidas urgentes

El retraso en la aprobación del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda para atender la "emergencia social", según la queja de Barba, fue justificado por el consejero por la inclusión de cuestiones que dependen de la Consejería de Derechos Sociales. José Luis Soro avanzó que el borrador, pendiente del informe jurídico, recogerá la creación de un registro de viviendas desocupadas y una bolsa única de vivienda social, si bien serán los ayuntamientos los que la gestionen.

El documento se presentará en el Foro de la Vivienda que se celebrará el jueves y que se quiere abrir a la participación de todos los sectores implicados. En este sentido, explicó que se ha convocado a las plataformas antidesahucios, a los ayuntamientos de las tres capitales, a las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, al Colegio de Trabajadores Sociales, a notarios, registradores, administradores de fincas, abogados, el juez decano y también se ha invitado a "todos los bancos", ya que "han sido parte del problema y tienen que ser parte de la solución", remarcó, al tiempo que anunció que en el mismo foro se empezará a perfilar la futura ley de vivienda.