El PSOE continúa sin cumplir el pacto con Podemos, según el observatorio

Las conclusiones constatan la falta de "avances" para combatir la emergencia social o reducir nombramientos a dedo.

Javier Lambán se dirige a Pablo Echenique, ayer en la sesión de control de las Cortes.
Javier Lambán se dirige a Pablo Echenique, ayer en la sesión de control de las Cortes.
José Miguel Marco

El observatorio ciudadano del pacto PSOE-Podemos ha constatado un incumplimiento generalizado de los compromisos adquiridos hace cuatro meses por los socialistas para garantizar la investidura del presidente, Javier Lambán. Las conclusiones elaboradas por los nueve grupos de trabajo no solo suspenden a la DGA, sino que cuestionan la falta de información facilitada desde el Pignatelli para auditar el grado de cumplimiento del acuerdo.


Los informes finales, a los que ha tenido acceso este diario, evidencian que ni siquiera se ha aprobado un decreto que recoja las medidas de emergencia social más allá de que los socialistas hayan señalado que disponen de un borrador desde hace diez días. A juicio del observatorio, tampoco se ha avanzado en los puntos relativos a combatir la pobreza energética y fiscalidad justa a las hidroeléctricas. "En la tramitación parlamentaria no hay nada al respecto. Es una realidad que requiere medidas de justicia social, más allá de las ayudas de urgente necesidad", se recoge en uno de los documentos, que han sido elaborados por profesionales elegidos por los dos partidos.


El grupo de trabajo que debía analizar esta última cuestión ni siquiera se ha llegado a reunir a lo largo de tres meses. Se llega a señalar que la "falta de sustancia" ha sido, "probablemente", la razón de que los cuatro miembros responsables de este informe sectorial no se hayan reunido "ninguna vez". "La ausencia de concreción nos impide señalar nada positivo sobre avances", apostilla.


El informe más duro es el relativo a los incumplimientos a la hora de recortar el número de altos cargos (debía suprimirse el 20% y apenas se ha aplicado un 7%) y de los salarios de los ejecutivos de las empresas públicas (10 de los 38 superan la retribución máxima pactada, la de un consejero). Y se censura con especial dureza la falta de transparencia del Gobierno de Aragón, que no ha facilitado datos esenciales para valorar varios de los puntos de este apartado del decálogo. Esta misma situación se repite en la práctica totalidad de los informes elaborados.


El documento relativo a la sanidad tampoco deja en buen lugar al Gobierno de Lambán. Ni siquiera se salva la puesta en marcha de la sanidad universal, ya que se destaca la inclusión de un "impedimento" no contemplado en el acuerdo, la necesidad de llevar tres meses empadronado para ser beneficiario, con una cláusula de excepcionalidad. También se destaca la inexistencia de un plan urgente para combatir las listas de espera. También se reconoce la comprometida supresión de la deducción del IRPF por seguro médico.


En el apartado de contratación pública, en el que se comprometió el PSOE a incluir cláusulas sociales y medioambientales, se cita un informe que pone reparos, aunque se anuncian para el año que viene alguna actuación.

Los aspectos positivos del observatorio se circunscriben a la ampliación de la partida del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para atender la renovación y la concesión de las ayudas pendientes, además de los pasos dados en lo relativo a la radio y televisión pública de Aragón con la tramitación dl proyecto de ley a principios de mes.

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