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Aragón

El juez del caso del Jamón exculpa a Pobo, pero sigue investigando a directivos del IAF

Deja en suspenso la desimputación de Arrufat, que dimitió de su cargo de delegado de la DGA en Teruel al ser procesado.

El juez que investiga si hubo irregularidades en la concesión de ayudas oficiales al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel no imputará a Carmen Pobo, presidenta de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) en la legislatura de 2011 a 2015 y ahora diputada popular de las Cortes de Aragón y, por tanto, aforada, además de cabeza de lista del PP al Senado por la provincia de Teruel.

El magistrado estima así la petición de la Fiscalía de la Audiencia de Teruel, que hace escasos días rebatió en un informe los argumentos utilizados por el juez para proceder a investigar (antes imputar) a la totalidad de los diputados provinciales de Teruel –suman 25– en la época en la que la DPT concedió tres subvenciones, por un valor global de 68.000 euros, que no estuvieron bien justificadas a juicio de un perito.

Sin embargo, también a solicitud del fiscal, el juez mantendrá la investigación sobre cuatro directivos del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el otro organismo oficial que concedió subvenciones al Jamón que han sido cuestionadas por el experto. En concreto, el informe pericial que obra en el Juzgado instructor de la causa considera que dicho instituto otorgó al Jamón de forma"errónea" diversas cantidades que sumaron casi 600.000 euros en el periodo de 2009 a 2013.

En cuanto al IAF, el Ministerio Público ya estimó el pasado mes de septiembre, y ahora lo ratifica, que deberían ser citados como investigados Antonio Gasión, Ana Aznar, Francisco Queroly Rafael Sánchez. El primero de ellos era el director gerente de la institución en los años investigados y el resto desempeñaban distintas responsabilidades en cuanto a proyectos, promoción, financiación, infraestructuras e innovación en el IAF.

No obstante, la Fiscalía de Teruel explicó ayer en un escrito que el objetivo de la citación como investigados de estas cuatro personas con responsabilidad en el seno del IAF es"aclarar" los aspectos relativos a la normativa de presupuesto marco de actuación en la materia de subvenciones, procedimiento, controles, pago y supervisiónposterior,"todo ello –continúa– sin perjuicio de lo que resulte una vez comparecidos y explicados tales extremos".Examen del informe fiscal

Aunque hay cierta expectación social en torno a la situación del expresidente de la DPT Antonio Arrufat, que el pasado día 10 dimitió de su cargo de delegado territorial de la DGA en Teruel tras declarar como imputado, el juez decidió ayer dejar en suspenso su posible desimputación.

En la misma providencia en la que exculpa a Carmen Pobo y justifica la reciente suspensión de la declaración de investigados de la socialista Julia Vicente –también aforada por ser diputada en las Cortes de Aragón– y del exdiputado aragonesista de la DPT Inocencio Martínez, el magistrado señala que se pronunciará respecto a la desimputación de Arrufat,"si se estima oportuno y pertinente", a la mayor brevedad posible, una vez leído y examinado el informe del Ministerio Fiscal, y"si a tenor del contenido del mismo se asumieren las tesis expuestas". En el mismo paquete incluye al exdiputado provincial Francisco Abril, del PAR, y al jefe de los Servicios Agropecuarios de la DPT, Rogelio Castaño, ambos imputados igualmente.

Por último, el juez indica que, al desaparecer la acusación del Ministerio Fiscal –la única que existía–, no procede que declaren como investigados el resto de los diputados que formaban parte del pleno de la DPT en 2010 y 2011.

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