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Aragón

La DGA da alternativas a 34 desahuciados y tramita 25 casos

Explica que casi 4.000 personas han pedido acceder a la bolsa de vivienda de alquiler social y que esta solo tiene 285 casas aceptadas.

Soro en su comparecencia ante la comisión
El consejero de Vivienda de Aragón, José Luis Soro.
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El consejero de Vivienda de Aragón, José Luis Soro, ha anunciado que desde que tomó posesión en julio, su departamento se ha enfrentado a 63 lanzamientos judiciales de desahucio, y que se ha dado solución a 34 de estas familias y otros 25 casos están en tramitación.

Según ha dicho en el pleno de las Cortes en respuesta a una interpelación formulada por la diputada de Podemos Violeta Barba, de estos 63 lanzamientos sólo 10 han sido hipotecarios, y el resto, 52, han sido desalojos por falta de pago del alquiler, la principal "patología" de los desahucios.

Pero ha dicho sentirse "muy satisfecho" por las 34 familias a la que se ha podido dar una vivienda (cuatro de ellas renunciaron) y ha asegurado que su principal "agobio" ahora es encontrar una solución para los 25 casos que aún se están tramitando.

En todo caso, ha insistido en que el hecho de que haya o no desahucios no depende del Gobierno, que lo único que puede hacer es reunirse con las entidades bancarias para que se comprometan a no hacerlo, y que en el caso de las viviendas alquiladas por particulares el problema es otro, en tanto en cuanto el propietario tiene derecho a cobrar.

Su competencia, ha insistido Soro, es buscar alternativas y, en este sentido, ha asegurado que sin unos presupuestos aprobados con dotación suficiente el ejecutivo será "incapaz" de afrontar esta "emergencia social".

De hecho, ha explicado que casi 4.000 personas han pedido acceder a la bolsa de vivienda de alquiler social y "desgraciadamente" esta solo tiene 285 viviendas aceptadas, aunque eso no significa que todas puedan ser ocupadas, porque 80 de ellas están en municipios sin demanda o necesitan unas reparaciones para las que no hay dinero.

Por eso, Soro ha dicho que está hablando con los bancos, para que aporten viviendas, y con el Sareb, que mediante un convenio ofreció 80 pero que "ninguna ha servido" por presentar deficiencias que son imposibles de solucionar.

Además, el consejero ha relatado que el plan de subvenciones al alquiler contaba con un presupuesto de 4,7 millones de euros y que para esta cuantía se han recibido casi 9.000 solicitudes, de las que se han podido atender 3.364, lo que supone que 4.603 familias han tenido que quedar fuera.

Eso, ha enfatizado, espera que se pueda solucionar cuando se aprueben los presupuestos de 2016 en las Cortes.

Por todo ello, y porque el departamento "se deja la vida" luchando para garantizar el decreto a la vivienda, se ha convocado para el próximo 26 de noviembre el Foro de la Vivienda, en el que participarán todos los agentes implicados (colectivos sociales, consumidores, todas las entidades bancarias, ayuntamientos, colegios profesionales, universidad y jueces, entre otros) para consensuar las medidas que deberá contener la futura ley de la vivienda.

En este sentido, y ante las críticas de Barba, que ha lamentado que el gobierno no haya presentado en las Cortes el decreto ley con medidas urgentes en este campo, Soro ha anunciado que el gobierno ha decidido que estas medidas se contengan en el decreto ley general de medidas urgentes en materia social que en estos momentos está pendiente de informe por parte de los servicios jurídicos del gobierno y que, ha dicho, será "audaz".

Como primera medida, el decreto ley reconocerá el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y atribuirá a los poderes públicos la obligación de dotar de una solución habitacional a todas las personas en riesgo de perderla.

Y también se prevé, como pide Podemos, que incorpore un registro de viviendas desocupadas, además de fijar que es la comunidad autónoma la que sume las competencias exclusivas en esta materia, con lo que aunque los ayuntamientos colaboren en la gestión, se creará una bolsa única aragonesa de viviendas y solicitantes.

Por su parte, Violeta Barba ha lamentado que tras cuatro meses, solo haya en este asunto "meras declaraciones de intereses" sin materialización. EFE

ipl/bmc

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