El Gobierno plantea inhabilitar como altos cargos 10 años a quien incumpla la ley ética

El anteproyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que ayer tomó en consideración el Consejo de Gobierno prevé endurecer las incompatibilidades de los altos cargos y duras sanciones –hasta 10 años sin ejercer estas funciones– para quien incumpla, además de poner coto a los gastos protocolarios o el uso de los coches oficiales. El Ejecutivo PSOE-CHA también quiere inculcar en los niños la necesidad de que las autoridades actúen con "absoluta pulcritud y honestidad" para crear "una nueva cultura de la gestión pública".

Educación incluirá estos contenidos en el currículo "desde las primeras etapas educativas para que sea una materia más", informó la DGA. Estos contenidos también se integrarán en las universidades y habrá cursos de formación para el profesorado, además de para los empleados públicos. Esta presencia en las aulas es uno de los aspectos más novedosos de un texto para la lucha contra la corrupción y el clientelismo que aspira a ser "un modelo en el ámbito estatal" y situar a Aragón "a la vanguardia de la regulación" en este campo, según explicó ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Vicente Guillén.

Según el borrador presentado en el monasterio de Veruela –donde se reunió el Gobierno–, estarán sujetos a esta ley los miembros del Ejecutivo y altos cargos como jefes de gabinete, viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales de los departamentos; así como responsables de organismos públicos que nombre la DGA; delegados territoriales en Huesca y Teruel y directivos de las empresas públicas. Todos quedarán sometidos al código de buen gobierno, que fija el uso "austero" de las partidas para gastos de representación y limita el de los coches oficiales. También los empleados públicos tendrá su propio código de conducta.

Además, el Gobierno y los altos cargos estarán sujetos a un estricto régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades. No podrán cobrar remuneraciones extra procedentes de fondos públicos por actividades como su participación en consejos de administración, y tampoco por ostentar cargos en sus partidos, "para evitar polémicas" como los sobresueldos del PP que recibían Rudi y varios de sus consejeros la pasada legislatura. Y deberán informar de su patrimonio tras su cese con el fin de detectar si hay "enriquecimiento injustificado".

Además, para evitar las puertas giratorias, se les vetan actividades privadas relacionadas con los procesos en los que intervinieron como cargos públicos. Si incurren en incompatibilidad o presentan declaraciones falsas, serán cesados si siguen en su puesto, no podrán ser miembros del Gobierno ni altos cargos durante entre 5 y 10 años, y deberán restituir las cantidades percibidas indebidamente.

La Agencia de Integridad y Ética Pública, un órgano independiente con potestad investigadora que dependerá de las Cortes, será la pieza clave para garantizar el cumplimiento de la ley, que también regula el traspaso de poderes entre gobiernos y protegerá a los funcionarios que denuncien "de buena fe" hechos de los que se deriven responsabilidades políticas o penales. Y habrá un registro público de lobbies (empresas, colectivos...) para combatir "influencias torticeras" en decisiones públicas.