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Aragón

​Guillén cree que Podemos y el PSOE matizarán su acuerdo sobre la corrupción

El consejero de Presidencia ha dicho que con probabilidad el observatorio para el seguimiento del decálogo modificará el punto número dos.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha dicho que con probabilidad el observatorio para el seguimiento del decálogo entre Podemos y el PSOE, que posibilitó la investidura de Javier Lambán, modificará la redacción del punto dos, el relativo a la lucha contra la corrupción.

Este punto, ha reconocido Guillén, secretario general de los socialistas turolenses, ha generado problemas de interpretación entre ambas fuerzas políticas después de que dos dirigentes socialistas, Antonio Arrufat y José Ramón Ibáñez, hayan sido imputados por supuestas irregularidades en su gestión, y supuesta prevaricación administrativa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que por primera vez en esta legislatura se ha celebrado fuera del edificio Pignatelli de Zaragoza, concretamente en el Monasterio de Veruela, Guillén ha reconocido que el acuerdo con Podemos tiene "problemas de interpretación en este punto".

Y hay que hacer "un esfuerzo" para interpretar "nítidamente" lo que quiere decir el punto dos en cuanto al cese de sus funciones de los cargos públicos imputados, en tanto en cuanto el código ético del PSOE establece que el cese debe producirse cuando se declara la apertura de juicio oral, y no en la imputación.

Ha concretado que habrá que dirimir, con una nueva redacción, si el hecho de una persona "en la órbita del gobierno" sea citado a declarar en unas diligencias previas es "motivo suficiente" par abandonar el cargo, "siquiera de manera temporal", o si se espera a la apertura de juicio oral.

La modificación de la redacción de este punto es necesaria para que "todo el mundo tenga claro de lo que se habla en el texto".

Guillén, no obstante, ha recordado que "lamentablemente" esta situación se da no solo en el PSOE, sino también en otras fuerzas políticas.

Y en el caso de Arrufat (que ya dimitió como delegado del Gobierno de Aragón en Teruel) y de Ibáñez (alcalde de Calanda) lo que se ha podido cometer "en todo caso" han sido "errores administrativos", pero no "corrupción o clientelismo".

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