El alcalde de Calanda, el socialista José Ramón Ibáñez, sigue imputado (investigado según la nueva denominación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) tras declarar ayer en el Juzgado de Alcañiz, pero dejó claro que no piensa dimitir por este motivo. Hizo caso omiso a las presiones de Podemos, el socio parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, que está poniendo en jaque la estabilidad del Ejecutivo autonómico en vísperas de la negociación de los presupuestos de 2016. Y avisó que los vecinos están por delante de su partido.

El regidor calandino compareció ante la juez junto a su antecesor, Manuel Royo –de la misma formación política–. Declararon dentro de las diligencias judiciales abiertas por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental y otro de tráfico de influencias por las presuntas irregularidades en el polígono La Fuensalada. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital bajoaragonesa solicitó a ambos que no hicieran pública su declaración al entender que el asunto se ha convertido en un caso "muy mediático" que puede "afectar a terceros".

Ibáñez, que declaró durante dos horas, aseguró a la salida que tenía muchas ganas de comparecer ante la magistrada para contestar "a todas las preguntas". "La juez nos ha pedido que vayamos con cuidado con lo que decimos. Es lo mejor, donde hay que hablar es en el juzgado", afirmó."No hay acusación"

Sí que puntualizó que allí le comunicaron que ya no es ‘imputado’ sino ‘investigado’, según la nueva denominación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "No hay acusación de ningún tipo, sino que hay unas investigaciones de delitos que no sabemos a qué personas afectan de entre todas las que venimos a declarar", destacó. Respecto a Podemos, partido que insiste en que se aparte temporalmente del cargo, Ibáñez aseguró que continuará en la alcaldía puesto que él se debe, primero, a sus vecinos y, después, al partido. Este último le dijo, según sus palabras, que "esté tranquilo" y que siga trabajando por su pueblo.

Por su parte, su antecesor en el cargo, Manuel Royo, quien declaró antes que él durante también casi dos horas, afirmó que le contó a la jueza cuál fue su actuación con los expedientes administrativos que se investigan. Aunque no quiso entrar en detalles, comentó que la Fiscalía de Alcañiz maneja un documento "complejo" en el que se mezclan varias actuaciones y tres delitos, que no sabe a quién corresponden. "No sé si todo es de todos. Lo único que he hecho es declarar la verdad. Mi único objetivo era crear un polígono para la llegada de empresas", añadió Royo.

Podemos dejó claro ayer que no se ha movido ni un ápice de su exigencia de que Ibáñez y cualquier otro cargo que resulte imputado debe cesar en sus funciones, al menos temporalmente. Fuentes de la formación podemista en Aragón insistieron en que "la suspensión o delegación de funciones tiene sentido para que la justicia haga su trabajio de forma independiente". Reiteraron que el acuerdo de investidura alcanzado con el PSOE establece que un imputado debe cesar y aconsejaron a los socialistas que deberían "fijarse en lo que firman".