Trabajo doblará en Aragón sus inspecciones contra las horas no declaradas y la temporalidad

Prevé casi 20.000 controles en 2016 entre todas sus áreas. Solo el 13% proceden de denuncias.

El 30% de los trabajadores sin alta en Aragón se localizan en la hostelería
El 30% de los trabajadores sin alta en Aragón se localizan en la hostelería

La delegación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón ya ha planificado sus objetivos de control para el año que viene, tras la comisión territorial celebrada el pasado 5 de noviembre. En este encuentro se fijó como meta alcanzar los 19.638 expedientes distribuidos en sus diferentes áreas de actuación (salud, relaciones laborales, seguridad social, empleo y extranjería y economía irregular).


Se trata de una cifra superior a la del presente 2015, donde hasta el mes de octubre se han tramitado 14.500 expedientes, con una proyección a final de año de 17.400, algo menos de lo esperado por las bajas, vacantes y jubilaciones en la plantilla aragonesa de inspectores, que se queda en 53 efectivos de los 59 asignados (cada funcionario tramita de media 400 expedientes al año).


En cuanto al foco donde se reforzarán las actuaciones de control para el próximo año, el director territorial, Román García explica que “la inspección tiene la misma función cada año, pero se le da más importancia a una u otra área en función de la situación actual”. En este sentido, “venimos de una crisis muy complicada donde se ha intensificado la lucha contra el trabajo no declarado”, con el objetivo de que la recesión “no fuera una excusa” para incumplir la ley.


Por esta razón se aprobaron planes específicos que incrementaron la actividad de inspección un 46% desde 2008 (de 4.800 expedientes al año, a 7.200), con especial atención al elevado número de expedientes de regulación de empleo, y a los sectores más problemáticos, que en Aragón son “la hostelería, los servicios y los horarios marginales”, señala García. Por ejemplo, el 12% de las visitas a empresas se realiza durante las noches y los fines de semana.


“Ahora el escenario es un poco diferente, con una mini recuperación en el empleo”, señala. Lo que preocupa en la actualidad es que esa creación de puestos de trabajo sea de calidad, por lo que de cara al año que viene se van a incrementar un 100% las actuaciones relacionadas con el tiempo de trabajo real y un 88% las relativas a tipo de contratos aplicados.


En las jornadas parciales es donde los inspectores encuentran más problemas, ya que “son muy difíciles de detectar”, pero están más que nunca a la orden del día. Es el típico caso de trabajador contratado por cuatro horas al día que termina haciendo más de diez, en la mayoría de ocasiones en hostelería y comercio.


También se vigilará especialmente el encadenamiento de contratos temporales que deben pasar a indefinidos, el abuso de los contratos de formación y aprendizaje, o las horas extraordinarias, entre otros muchos aspectos.

Pocas denuncias

En este sentido, los inspectores agradecen todos aquellos casos que llegan tras una denuncia (anónima o no) que les permita destapar actuaciones irregulares. Sin embargo, su frecuencia no es tan habitual como sería deseable, y además, cada vez es peor. Si en 2007, el 18% de los expedientes tenían su origen en una denuncia, el año pasado apenas llegaron al 13% (2.384 casos), por el miedo de los trabajadores a dar la voz de alarma.


Donde sí que se ha avanzado es en la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mediante la firma de convenios -como ocurre con la Policía Nacional y Autonómica y la Guardia Civil-, o simplemente a través de un diálogo fluido, como sucede con la Policía Local de Zaragoza, que por ejemplo avisa a la Inspección cuando observa alguna obra de reforma en un local comercial que podría estar incurriendo en irregularidades.


Fruto de este trabajo se han llevado a cabo operaciones como la que sacó a la luz medio centenar de talleres ilegales en Aragón, o la que destapó más de 70 empresas ficticias que vendían contratos de trabajo principalmente a extranjeros en situación irregular que buscaban obtener un permiso de residencia.

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