La oposición augura que liderar la subida fiscal en España lastrará la recuperación de Aragón
PP, Ciudadanos y PAR lamentan que la propuesta resta competitividad a la economía y al tejido productivo aragonés, Podemos, CHA e IU defenderán enmiendas y deducciones con el fin de rebajar "la carga" a la mayoría de los ciudadanos.
Como informó ayer este diario, la decisión del presidente aragonés, Javier Lambán, de subir los impuestos del IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones e Hidrocarburos y de gravar las estaciones de esquí, los embalses y las eléctricas, además de saltarse sus promesas electorales, choca con lo que está impulsado el PSOE en otras autonomías. Además, pretende subir los carburantes cuando otras comunidades renuncian al recargo autonómico por la caída de ingresos, como avisan la propia Asociación de Estaciones de Servicio. Según sus cálculos las arcas perderán más de 21 millones por el desplome del consumo.
La propuesta fiscal de la DGA no convence ni a los partidos de izquierda, que han anunciado la presentación de enmiendas y deducciones al proyecto de ley para el mantenimiento de los servicios públicos. Podemos e IU pretenden gravar aún más el IRPF a las rentas altas, de modo que el umbral se fije en torno a los 60.000 euros. Incluso el portavoz parlamentario de CHA, Gregorio Briz, compartió con los otros dos partidos la necesidad de bonificar de alguna forma los impuestos indirectos, como son los de Transmisiones e Hidrocarburos, pese a que su partido forma parte del Ejecutivo autonómico.
El portavoz parlamentario del PP en la comisión de Hacienda, Antonio Suárez, auguró que solo con aplicar el impuesto autonómico a los carburantes se logrará que las gasolineras de Aragón sufran una "clara pérdida de competitivad" con las de las autonomías limítrofes que no lo cobran. "También quieren ir contra nuestra propia riqueza al recuperar el impuesto que grava las estaciones de esquí, un pilar fundamental para nuestro turismo", lamentó.
Suárez añadió que el conjunto de la propuesta "pone en riesgo la recuperación económica" y recordó que Aragón supera desde el año pasado la media nacional en crecimiento y creación de empleo. "Los aragoneses no se merecen esto después de siete duros años de crisis", dijo.
En la misma línea se pronunció el presidente del PAR, Arturo Aliaga, quien remarcó que su partido no puede admitir que con una recuperación en ciernes y una sociedad "que empieza a respirar" se suba la presión fiscal. "Una empresa para ser competitiva no sube los impuestos, sino que ajusta sus costes", dijo antes de exigir al Gobierno de Lambán que presente ya la ley de acompañamiento y la de presupuestos para disponer de una "foto real".
La líder de Ciudadanos en Aragón, Susana Gaspar, reiteró que subir los impuestos en una economía que aún no ha acabado de despegar no es lo más positivo, porque afecta a la actividad económica. Gaspar subrayó también que en aquellas autonomías en las que los gobiernos han necesitado el apoyo de su partido para sacar adelante sus propuestas fiscales, caso de Madrid, Andalucía y Castilla y León, se ha rebajado el IRPF a las rentas menos pudientes.
El líder de Podemos-Aragón, Pablo Echenique, advirtió de que no apoyarán "ninguna propuesta que aumente la carga a la mayoría de los ciudadanos". Echenique señaló que supone "una línea roja" e instó a repercutir el esfuerzo en las grandes compañías y en aquellas familias con mayor renta y riqueza. "Esta crisis ya la han pagado bastante los de siempre, la mayoría de la ciudadanía, a la que hace unos años llamaban mileurista, o los pequeños empresarios y autónomos que intentan llegar a fin de mes de la forma más digna posible", dijo.
La diputada de IU Patricia Luquin reiteró que la Administración autonómica necesita "más recursos para garantizar los servicios públicos fundamentales". Luquin incidió en que solo se pueden lograr más recursos si desde la DGA se logra "gastar mejor" o se incrementa la recaudación.
Los dos partidos que sostienen al Gobierno compartieron mensaje, aunque con matices. El portavoz socialista, Javier Sada, señaló que la presión fiscal está por debajo de la media española y recordó que la expresidenta Rudi se dedicó a bajar impuestos mientras el resto los subía. Mientras Sada minimizaba el impacto, el nacionalista Gregorio Briz reconocía que gravar impuestos indirectos afectaba a todos los ciudadanos y que por ello iban a plantear algún tipo de deducción. No obstante, señaló que no había que avergonzarse por hacer políticas de izquierdas, que pasan por potenciar los servicios públicos.
