Los inspectores de Trabajo en Aragón descubrieron a lo largo del año pasado un total de 72 empresas ficticias pertenecientes a diferentes tramas delictivas que vendían contratos de trabajo, principalmente a extranjeros en situación irregular que buscaban obtener un permiso de residencia. También detectaron casos en los que el fin último era lograr "algún tipo de prestación, sobre todo por desempleo", según explican fuentes del Ministerio de Empleo. En total descubrieron 424 altas simuladas en la Seguridad Social.

Estas mismas fuentes oficiales aseguran que estas prácticas se están convirtiendo en un fraude "muy recurrente" que "se ha disparado" a lo largo de los últimos años. "Son tramas orquestadas para defraudar. Estas personas constituyen empresas pantalla que no tienen actividad real o bien esta es muy limitada. Lo que hacen es vender contratos a personas que los necesitan para alguna finalidad".

"Estas sociedades inflan su actividad y cotizaciones para tratar de no llamar la atención, ya que de lo contrario pone en alerta a los inspectores", subrayan desde el Ministerio. "Pero su único objetivo es crear esos contratos para que el interesado obtenga un permiso de trabajo o residencia, una prestación por desempleo o, incluso, inflar un currículum", añaden.

La inmensa mayoría de las sociedades pantalla intervenidas se concentraban en la provincia de Zaragoza, donde se destaparon 388 altas simuladas en 2014 a través de 68 formas jurídicas sin apenas actividad. Aunque los datos recopilan los casos del año pasado, este tipo de delito no ha cesado a lo largo del presente curso.

El pasado 15 de junio, la Policía Nacional intervino en distintas provincias, entre ellas las de Huesca y Zaragoza, en una operación con 85 detenidos por defraudar casi 800.000 euros a través de siete firmas ficticias. La organización, que estaba formada por miembros de una misma familia de origen marroquí, cobraba entre 1.200 y 1.700 euros por la compra de un contrato y otros 300 euros por cada mes que la persona permanecía dada de alta en la Seguridad Social, aunque siempre sin desempeñar ningún tipo de labor profesional.

Cuatro meses antes, el 16 de febrero, se cerró otra operación policial con 29 personas acusadas de defraudar más de medio millón de euros al erario a través de seis sociedades pantalla. Las pesquisas de los investigadores revelaron la nula actividad mercantil de estas empresas, todas ellas afincadas en Zaragoza, cuyos supuestos fines sociales estaban relacionados con la construcción, en unos casos, y la hostelería, en otros.

Durante el período de funcionamiento fueron dados de alta hasta 99 trabajadores extracomunitarios. De estos, 37 obtuvieron prestaciones por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos legalmente exigidos, ascendiendo el importe de lo percibido a más de 120.000 euros. Otros 35 trabajadores consiguieron renovar sus permisos de residencia basándose en supuestas relaciones laborales. Las empresas investigadas incumplían la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, ascendiendo la deuda por impago a la Seguridad Social más de 320.000 euros y siendo el total de lo defraudado superior a 500.000.

Unos días antes, a mediados de enero, concluía satisfactoriamente otra investigación que desmontó una trama que operaba desde un solar de Zaragoza, donde una empresa ficticia dedicada teóricamente a la actividad agraria tenía radicada su sede social. En este caso, en el que hubo 28 personas implicadas que vendieron 126 contratos, se habían estafado 238.035 euros.

Más de 24 millones de dinero negro

No es poco el dinero negro que la Inspección de Trabajo logró aflorar en Aragón a lo largo del año pasado, según se desprende de una respuesta del Gobierno al diputado popular por Zaragoza Ramón Moreno Bustos. Se cerraron expedientes liquidatorios por valor de más de 24,03 millones de euros como consecuencia de faltas de alta, diferencias de cotización o derivaciones de responsabilidad en impagos de cuotas.

El grueso de las intervenciones en el marco del Plan nacional de lucha contra el empleo irregular se centró en los trabajadores sin contrato y aquellos empleos que desempeñaban ciudadanos extranjeros sin el permiso correspondiente. Salieron a la luz un total de 1.886 casos después de realizar 7.169 inspecciones.

También se destapó un importante volumen de fraudes en prestaciones por desempleo (262), principalmente por compatibilizar el cobro con un empleo por cuenta propia o ajena. Las empresas infractoras en este capítulo ascendieron a 189.