La aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de se abordará este miércoles, 28 de octubre, de 17.00 a 19.00 en una jornada organizada por Espacio Derechos Sociales en el Centro de Historias de Zaragoza.

La Jornada ofrecerá una visión actualizada de la situación en Aragón, presentará casos de afectados, y debatirá los compromisos y los pasos establecidos por el nuevo Gobierno autonómico.

"Después de cuatro años de olvido y abandono, el nuevo Gobierno de Aragón tiene que garantizar las prestaciones que necesitan las personas dependientes", han señalado desde la organización en una nota de prensa.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia fue aprobada por todos los grupos políticos y apoyada por todo tipo de organizaciones. Garantiza el derecho subjetivo (reclamable ante los tribunales) a recibir la atención debida a la dependencia.Dificultades

"La puesta en marcha de la Ley estuvo llena de dificultades. Mal financiada, su aplicación era una responsabilidad compartida por las administraciones Central, Autonómicas y locales, cuya responsabilidad y compromiso han sido muy limitados", han relatado.

El "mal" funcionamiento del Sistema en Aragón ha sido reiteradamente denunciado por El Justicia de Aragón y por el Tribunal de Cuentas de Aragón.

Con la incorporación de los dependientes moderados al sistema, en julio de 2015 había en Aragón 14.723 personas dependientes en lista de espera, algunas de ellas desde 2010. "Muchas han fallecido sin recibir ninguna atención. No existe prevención ni promoción y sólo en junio han empezado a ofrecerse en algunas Comarcas los servicios de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio", han expuesto.

El nuevo Gobierno autonómico "debería devolver a Aragón a la situación de 2010-2011 colocándolo entre las autonomías que mejor cumplen las obligaciones de atención a las personas dependientes".

Ello supone acabar con las listas de espera, promover una potente estructura de servicios públicos, evitar reclamaciones de dinero supuestamente cobrado de forma indebida, mejorar la atención al público en el servicio de atención a la dependencia, aumentar la transparencia y agilizar la gestión, han enumerado.