La suspensión cautelar de la gestión de la reserva hídrica, en vigor

La relativa al trasvase del Tajo no es la única discrepancia que mantienen la DGA y el Gobierno central en esta materia. Apenas unas semanas después de que el Ejecutivo PSOE-CHA llegara al Pignatelli, Madrid recurrió la ley aragonesa de aguas, ya que considera que la Comunidad no puede arrogarse la gestión de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro, tal y como contempla la norma aprobada por las Cortes en 2014. Esta decisión conllevó el pasado mes de septiembre la suspensión cautelar de los artículos impugnados, a la espera de que el Constitucional se pronuncie.

Por otra parte, Aragón también recurrió a comienzos de este año el nuevo plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña por "invadir competencias", ya que incluye idénticas prerrogativas que el anterior plan, anulado por los tribunales en 2013 debido a un defecto procedimental. El Ministerio de Medio Ambiente ya le ha dado el visto bueno inicial –tanto Aragón como La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León se opusieron–. La DGA considera que Cataluña se apropia de tres acuíferos subterráneos situados entre las provincias de Teruel y Tarragona, y rechaza que pueda plantificar, como pretende, sobre ríos que discurren en parte por Aragón o sirven de límite (caso del Matarraña, el Noguera Ribagorzana, el Algars o el Segre).