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Aragón

Aragón recurrirá por segunda vez el trasvase del Tajo ante el Tribunal Constitucional

La DGA impugna la Ley de Montes, que incluye las reglas de esta transferencia, por no esperar a su informe preceptivo.

Aragón volverá a recurrir ante el Tribunal Constitucional el trasvase del Tajo-Segura, que ya impugnaron las Cortes el año pasado y que ahora pretende judicializar el Gobierno de Javier Lambán. En esta ocasión, el objeto de alegación es la Ley de Montes aprobada el pasado julio, en la que el PP coló a última hora mediante enmiendasla regulación de esta transferencia de caudales, que según el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, "abre la puerta a otros trasvases".

Precisamente los populares utilizaron este subterfugio para intentar cumplir la sentencia dictada en febrero por el Constitucional, que a raíz del recurso de las Cortes –el Gobierno de Rudi optó por no litigar–, anuló varios preceptos de la Ley de Evaluación Ambiental sobre el trasvase del Tajo.

La decisión del TC se basaba en que, en virtud del Estatuto de Autonomía, Madrid debe comunicar cualquier trasvase de ríos a los que Aragón aporte agua, como ocurre con el Tajo, y la Comunidad tiene derecho a emitir un informe preceptivo –aunque no vinculante–, pero no se le consultó.

En el segundo intento de validar la regulación de esta transferencia, el Congreso sí reconoció la necesidad de recabar el dictamen de la DGA y se lo pidió, pero según el actual Ejecutivo, "difícilmente se puede entender que se ha cumplido" este requisito.

La solicitud llegó al gabinete de Presidencia del Pignatelli el 19 de mayo, en plena campaña electoral. Había dos meses para enviar el informe,coincidiendo con el periodo que el Gobierno PP-PAR estuvo en funciones y con el traspaso de poderes al nuevo Ejecutivo PSOE-CHA.

Pero en Madrid los populares decidieron no esperar a que finalizara el periodo de consulta y pisaron el acelerador para aprobar la Ley de Montes, que recibió el visto bueno definitivo del Congreso el 8 de julio por la mayoría del Gobierno de Rajoy.

Trámites y plazos

De esta manera, se esfumó cualquier posibilidad de que Aragón planteara sus objeciones. El plazo expiraba el 19 de julio y cuando Lambán tomó posesión, el día 5, todavía faltaban varios trámites para terminar el informe que había iniciado Rudi, según reconoció el entonces consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón.

El nuevo Ejecutivo ni siquiera pudo aprovechar el escaso margen que le quedaba, pero su portavoz, Vicente Guillén, también extiende la responsabilidad a sus antecesores. El pasado mes de agosto, cuando la DGA todavía estudiaba si recurrir la Ley de Montes, Guillén opinó que dejar inconcluso el dictamen a su salida del Pignatelli era "otro ejemplo de falta de atención" por parte de los populares, que lo deberían haber tramitado "en defensa" de los intereses de Aragón. Incluso se cuestionó si la demora había sido "por dejadez" o hubo una intención "maliciosa".

Finalmente, los servicios jurídicos de la DGA han determinado que hay "objeto material para impugnar" el nuevo texto legislativo porque "vuelve a incurrir en los mismos errores y defectos" de la Ley de Evaluación Ambiental. "Hay un defecto de forma claro y a Aragón le interesa mucho preservar la posibilidad de ser consultado que recoge el Estatuto y a la que no estamos dispuestos a renunciar", afirmó el secretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural, José Luis Castellano.

El recurso de inconstitucionalidad todavía no se ha presentado, pero el Gobierno autonómico sí ha iniciado yael proceso previo con la comunicación a la Comisión Bilateral Aragón-Estado de su intención de impugnar la ley. Este paso da lugar a que se entablen conversaciones en el seno de la Comisión para resolver las discrepancias –algo poco probable en este caso– y conlleva además la ampliación del plazo para presentar el recurso.

Tensión por las reservas

Esta impugnación supone un nuevo capítulo en la ya de por sí polémica historia del trasvase del Tajo, que en los últimos meses ha generado fuertes tensiones entre los gobiernos de Castilla-La Mancha y Valencia, ambos liderados por los socialistas. La nueva ‘guerra del agua’ viene motivada por las escasas reservas que acumulan los pantanos de la cabecera de la cuenca cedente, por lo que poco después de llegar a la presidencia castellano-manchega, Emiliano García-Page exigió la paralización de los desembalses con destino al Levante.

De hecho, su Gobierno también anunció un posible recurso contra la Ley de Montes, que acaba de entrar en vigor. El pasado miércoles, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (el 21 de julio), concluía el plazo que tenía Aragón para pronunciarse sobre una transferencia de agua del Tajo que el Gobierno de Lambán ve como el precedente de nuevas amenazas trasvasistas para la Comunidad.

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