Las sospechas de comisiones del 3 % que el pasado agosto acarrearon el registro de la fundación Catdem de CDC se extienden, con la operación desarrollada hoy por la Guardia Civil, a más empresas y ayuntamientos, y apuntan directamente a la financiación de CDC, que suma así hasta seis casos a sus espaldas.

En una nueva fase de la operación Petrum, que dirige un juez de El Vendrell (Barcelona), la Guardia Civil registra desde esta mañana la sede de CDC y ha detenido a su administrador, Andreu Viloca, así como al director general de Infraestructuras de la Generalitat y a empresarios sospechosos de pagar comisiones ilícitas del 3 % al partido liderado por el president Artur Mas.

Con la operación desplegada hoy, la sombra del 3 % se extiende a más ayuntamientos, por sospechas de adjudicaciones de obras en etapas en que los dirigía CDC, y amenazan con convertir este caso, inicialmente centrado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y la empresa Teyco, en uno de los más amargos con los que carga el partido.

Desde que hace diez años el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) acusó de mordidas a CDC en pleno debate parlamentario, ninguno de la media docena de casos de presunta corrupción que asedian a la formación había apuntado tan directamente a la financiación de la formación nacionalista.

En una fase previa del caso, los indicios de pago de comisiones se centraron exclusivamente en la fundación Catdem, pero con base en la documentación intervenida en el registro de su sede el pasado mes de agosto la investigación ha dado un salto y se ha situado directamente tras las cuentas económicas de la formación.

Precisamente, la fundación Catdem está en el punto de mira del caso del Palau de la Música, ahora pendiente de juicio y que en los últimos años ha sembrado dudas sobre la financiación del partido y ha comportado la imputación de su extesorero Daniel Osàcar, para quien la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por su papel clave en el pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública de la Generalitat.

Junto a las dudas que el sumario sobre el expolio del Palau de la Música sembró sobre la financiación de CDC, la formación encajó el año pasado un nuevo mazazo con la carta de confesión en la que su emblemático dirigente y expresidente de la Generalitat Jordi Pujol admitió que su familia tuvo una fortuna oculta en el extranjero durante más de treinta años.

Precisamente, la Fiscalía acaba de pedir que la causa que indaga la fortuna oculta de Jordi Pujol se aúne a la investigación que desde enero de 2013 dirige la Audiencia Nacional y en la que permanece imputado su primogénito Jordi Pujol Ferrusola, por su relación con presuntos movimientos de divisas de 32 millones de euros que el juez sospecha que podrían corresponder a comisiones ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción pretende sumar ambas investigaciones en una sola causa, convencida de que Jordi Pujol Ferrusola dirigió durante décadas los negocios económicos de la familia y las operaciones encaminadas a blanquear capitales obtenidos ilegalmente.

La confesión de Pujol, que ha comportado su imputación, la de su esposa y cuatro de sus hijos, ocurrió semanas después de que su hijo Oriol -uno de los llamados a suceder a Artur Mas al frente de CDC- abandonara su acta de diputado en el Parlament y la secretaría general del partido.

Oriol Pujol permanece imputado desde marzo de 2013, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, acusado de cobrar comisiones ilícitas de empresarios del sector de las ITV a cambio de favorecer sus intereses a través del grupo parlamentario de CiU, que él dirigía.

La justicia sigue también los pasos de su otro hermano Oleguer, que el pasado mes de octubre fue detenido durante unas horas y registrado su domicilio por orden de la Audiencia Nacional, que le mantiene imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Otro de los frentes judiciales que tiene abiertos CDC tiene origen en Reus (Tarragona), donde un juez investiga presuntas irregularidades en el grupo de empresas municipales Innova y en los contratos del Hospital Sant Joan de Déu de la población.

Asimismo, la justicia está a punto de dictar sentencia sobre otro peso pesado de CDC, el exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y exdiputado Xavier Crespo, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgó el pasado junio acusado en el caso Clotilde de aceptar dádivas de un empresario vinculado a la mafia rusa a cambio de favorecer sus intereses urbanísticos en el municipio.

Otro caso pendiente de juicio que afecta a históricos dirigentes de la formación convergente es el llamado Pretoria, en que los ex altos cargos Macià Alavedra y Lluís Prenafeta afrontan penas de seis años y diez meses de cárcel, por supuestos cobros de comisiones en operaciones urbanísticas en varios ayuntamientos, entre ellos el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) cuando lo dirigía el socialista Bertomeu Muñoz.