Acciona presentó hace casi un año el concurso de acreedores porque las pérdidas son cuantiosas al no cumplirse ni de lejos los cálculos de tráfico de la Administración desde su estreno, a mediados de 2008. De hecho, el peaje en sombra que abona la DGA en función de los vehículos que transitan no da para cubrir siquiera los pagos de la deuda contraída por las obras, ya que no registra ni el 40% de la circulación prevista.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, intenta encontrar un resquicio legal para evitar el rescate pactando un reequilibrio económico de la concesión, algo que ya exploraron sin éxito sus predecesores, Rafael Fernández de Alarcón (PP-PAR) y Alfonso Vicente (PSOE-PAR), en las dos últimas legislaturas.

En el gabinete son conscientes de las severas dificultades de alcanzar un acuerdo con Acciona, ya que el planteamiento de pagar más por cada vehículo que usa la autopista no cumpliría la legalidad. Además, los servicios jurídicos ya advirtieron al Ejecutivo PP-PAR hace más de un año de que era inviable legalmente porque una sentencia del Tribunal Supremo descartó esta solución para una de las autopistas radiales de Madrid (la R-4) que tampoco alcanzaba las expectativas de tráfico. Además, el propio pliego de condiciones del concurso de la autopista autonómica no garantizaba unos ingresos mínimos a la concesionaria en caso de que no se cumplieran los cálculos de tráfico.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón mantiene un conflicto con la empresa tras conocer que la rotura de la autopista del pasado mes de marzo no se debió a la fuerza de la riada, sino a la inexistencia de las escolleras proyectadas bajo los dos pasos inferiores. Como informó ayer este diario, un informe de ingeniería encargado por Obras Públicas apunta directamente a esta causa el desplome de uno de los pasos inferiores y los graves daños provocados en otro, que obligaron a su posterior demolición. "No parece que las escolleras fueran colocadas pues no se han observado indicios de su existencia; y si lo fueran, no estaban correctamente dimensionadas", concluye.

Vertebración del Territorio le ha impuesto una sanción de 484.289 euros, acordada el pasado mes de julio y justificada en dos cuestiones: la "insuficiente rapidez" para atender los requerimientos de reposición de la vía y la "discordancia" entre el proyecto constructivo y la obra ejecutada, principalmente por la "ausencia" de las citadas rellenos de piedra bajo los pasos inferiores, así como de la escollera proyectada para salvaguardar el talud sobre el que discurre la infraestructura en la margen izquierda del Ebro. A su juicio, estas protecciones "deberían haber evitado la rotura" de la autopista, que une el eje viario de Barcelona (la AP-2 y la N-II) con la carretera de Castellón (N-232).