​Celaya vaticina problemas con el pago de la asistencia a aragoneses en otras autonomías

El consejero de Sanidad asegura que la situación de los ciudadanos atendidos en otras comunidades genera un "lío administrativo importante".

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ha vaticinado que Aragón va a tener problemas con el pago de la asistencia sanitaria de sus ciudadanos desplazados a otras autonomías, aunque ha tranquilizado a los aragoneses que "van a seguir siendo atendidos exactamente igual".


Celaya ha comparecido ante la Comisión de Sanidad de las Cortes, a petición del PP, para explicar los acuerdos adoptados por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebró el pasado mes de julio.


En esta reunión se habló especialmente el real decreto del gobierno central que elimina el Fondo de Cohesión Sanitaria, que garantizaba la asistencia sanitaria de cualquier español en cualquier comunidad autónoma, con compensación económica a las autonomías que prestaban servicio por parte del Estado.


Ahora, este fondo se ha sustituido por el Fondo de Garantía Asistencial, que supone que son las comunidades autónomas las que tienen que compensarse entre ellas por la asistencia prestada a ciudadanos no residentes en las mismas.


Celaya ha dicho que para los ciudadanos este cambio "no va a suponer un problema", pero sí será un "lío administrativo importante", ya que a partir de ahora los servicios "se tarifan".


El consejero ha explicado que el ministerio tiene intención de seguir adelante con su propuesta a pesar de las quejas de la mayor parte de las autonomías, aunque no de las que reciben mayor numero de veraneantes, ha asegurado.


En la reunión también se habló del real decreto que regula las unidades de gestión clínica, algo sobre lo que no hubo acuerdo porque doce autonomías alegaron invasión de competencias, aunque el gobierno manifestó que seguirá adelante con él.


La gestión clínica, ha dicho al respecto, es fundamental, pero en este aspecto las autonomías tienen competencias para llevar a cabo un proyecto que en Aragón se pretende que sirva para dotar de protocolos a los profesionales sanitarios y que sean éstos quienes se responsabilicen de sus acciones.


Sobre la unificación del calendario de vacunaciones, que consigue la unidad autonómica en este sentido, Celaya ha explicado que ya ha firmado la orden de modificación del calendario que autoriza la vacuna del neumococo, de la varicela y del papiloma a partir de los 12 años y que está pendiente de recibir el visto bueno de la Consejería de Hacienda.


Por otro lado, Celaya ha indicado que se pactó que la receta electrónica se pueda prescribir en otra comunidad diferente a la de origen, y ha anunciado la implantación de esta receta en los servicios de Atención Especializada después de que ya esté plenamente operativa en todos los de Atención Primaria, para posibilitar un control estricto de los consumos farmacéuticos.


Además, en referencia a la cartera de servicios, ha manifestado que "cualquier cosa" que se incluya tiene que haber recibido informe favorables de los profesionales acerca de la efectividad de esa medida para la salud y de su coste.


Tras Celaya, ha comparecido en la comisión el director general de Asistencia Sanitaria, Manuel García Encabo, para informar sobre sus líneas generales de actuación en la presente legislatura.


Ha criticado los recortes que ha dicho acometió el PP en la pasada legislatura, con la pérdida de 806 trabajadores del sistema de Salud y, por ejemplo, de 147 camas de agudos, debido a un descenso del gasto sanitario que pasó de 1.849 millones en 2001 a 1.600 en 2015.


Encabo ha insistido en que la sanidad "no es un gasto, es una inversión" y que tanto en Aragón como en España está "mal financiada". Para hacerla sostenible, hay que "trabajar con los profesionales en lugar de insultarlos", gestionar con más transparencia y de cara a los ciudadanos, y ordenar la oferta para garantizar que todos los ciudadanos tienen el mismo servicio para el mismo problema y "a tiempo".


El director general ha insistido en que no tiene intención de privatizar ni externalizar ningún servicio sanitario, además de por cuestiones ideológicas, porque se ha demostrado que "es más caro y de peor calidad".

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