El Gobierno de Aragón ha cerrado cinco residencias de ancianos de la provincia de Zaragoza y ha dictado 33 resoluciones denegando la autorización de centros porque carecían de licencia. Así lo ha informado este miércoles en las Cortes de Aragón la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales María Victoria Broto, quien comparece para explicar la situación en la que se encuentran las residencias y centros de día de mayores en Aragón.

La decisión se ha tomado a raíz de las inspecciones realizadas tras la tragedia ocurrida en la residencia Santa Fe, en un incendio que provocó la muerte de nueve  internos. 

Las cinco residencias afectadas ya están cerradas y lo han hecho voluntariamente tras conocer las conclusiones de los informes, según ha informado Broto. De las cinco que han decidido su cierre, todas ellas privadas, cuatro están en Zaragoza capital y la otra en la provincia y dos de ellas ya han recolocado a sus residentes en otros centros.

Otros siete centros están pendientes de la propuesta de cierre con expediente sancionador, si bien tienen un plazo para poder subsanar las carencias detectadas. 

De esta forma, de los 230 centros autorizados, 177 han recibido la autorización definitiva y 53 una provisional. Según Broto, 28 residencias cumplen con los requisitos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) pero carecen de licencia municipal de obra o de apertura, otras 12 cuentan con la autorización municipal pero no con inspección favorable y las cinco que han cerrado no satisfacen ninguno de los requisitos.

Tras dar a conocer estos datos, la consejera ha incidido en "no crear alarma social", pero se ha comprometido a actuar "con firmeza" y ha asegurado que en su departamento están "absolutamente decididos" a hacer "lo que sea necesario" para que las personas mayores dispongan de unos servicios sociales de la mayor calidad y para que los centros cumplan con la ley.

Broto comparece para dar respuesta a las dos peticiones registradas por los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos para que la consejera explique esta cuestión ante los parlamentarios.

La diputada de Podemos, Marta Prades, ha recordado que "son muchas las quejas ciudadanas" sobre la atención en residencias de mayores y ha preguntado a Broto si va a continuar la concertación o promover la gestión pública, considerando que la segunda fórmula "es mucho más económica y eficiente".

En representación de C's, José Luis Juste ha apostado por aumentar los conciertos para incluir a las personas mayores con pensión "mileurista" que han cotizado a lo largo de toda su vida y ha preguntado a la consejera si el coste de una residencia pública triplica al de las privadas.

La diputada del PP Marian Orós ha defendido la gestión del anterior equipo de servicios sociales, indicando que aumentó el número de inspectores, pasando de seis a 256, y que se cerraron ocho residencias. Ha subrayado que el suceso de Santa Fe fue "absolutamente imprevisible".

La parlamentaria socialista Pilar Zamora ha resaltado que el sector cumple "en su gran mayoría" los requisitos para funcionar y ha defendido el proceso de inspección para consolidar el sistema público de servicios sociales.

La diputada del PAR Elena Allué ha pedido a la consejera que termine el mapa de servicios sociales con "agilidad" y ha mencionado las quejas de algunas entidades sobre la falta de residencias públicas en el barrio zaragozano del Acutr.

La diputada del grupo mixto Patricia Luquin (IU) ha apostado por planificar la política de servicios sociales, señalando que la no planificación es una forma de hacer política y ha destacado que el Gobierno de Aragón trabajó con mucha "diligencia" en el caso de Santa Fe.