​El PAR no se cree las cifras y no descarta una auditoría externa

El Partido Aragonés no se cree la cifra de déficit de la Comunidad del informe sobre la situación económico-financiera de la Intervención General del Gobierno de la que hoy ha informado el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y si tiene que pedir una auditoría externa lo hará.

Así lo ha afirmado la diputada del PAR en las Cortes Elena Allúe después de que Gimeno informara de que Aragón tiene un "agujero" de 920 millones de euros por ingresos sobredimensionados y gastos sin consignación presupuestaria o que no figuran en la contabilidad y que el déficit al final de año llegará a 690 millones, un 2,01 % del PIB, casi el triple del límite permitido, del 0,7 %.

En una rueda de prensa en el Parlamento, Allué ha puesto en duda la credibilidad y rigor de Gimeno, por cuanto ha dado cifras diferentes de déficit desde que fue nombrado consejero, y le ha recomendado que "deje de lamentarse" y que por responsabilidad cumpla con los objetivos que marca Europa.

Ha recordado que el PAR pidió al Gobierno una certificación de la Intervención General sobre el déficit que se arrastra a 5 de julio, fecha en la que Javier Lambán, tomó posesión del cargo, y sin ella su grupo no se cree las cifras las cifras que dado Gimeno porque "no están contrastadas".

Allué ha asegurado que cuando salió el anterior Gobierno PP-PAR había contabilizadas facturas sin presupuestar que no llegaban a 300 millones de euros, por lo que no pueden ser responsables de las cifras que ha dado hoy Gimeno -un desfase total de 920 millones por ingresos sobredimensionados y gastos sin consignación presupuestaria o que no figuran en la contabilidad-.

Para Allúe, es un consejero "poco creíble" por su historial como titular de Hacienda en el ayuntamiento de Zaragoza "y por no decir que está mintiendo, está diciendo medias verdades".

En ese aspecto, ha afirmado que "las facturas que están en los cajones son los 400 millones de euros" que dejó Gimeno en el ayuntamiento sin contabilidad y sin presupuesto y lo que tiene el gobierno de Aragón es un problema estructural de la sanidad, no del Ejecutivo anterior, con facturas que sí están contabilizadas dentro de una partida pendiente de imputar en el presupuesto.