El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han acordado la constitución de un grupo de trabajo que evalúe la ley de dependencia y su financiación, según ha declarado a la prensa la consejera Bienestar Social y Familia de Cataluña, Neus Munté.

Lo han decidido en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, después de que varias comunidades, como Andalucía, Asturias, Aragón, Extremadura, anunciaran antes de la reunión que reclamarían este órgano.

"Lo que se ha aprobado es la creación de un grupo de trabajo para poder avanzar, para poder trabajar en esta visión muy dispar entre el Gobierno y muchas de las comunidades, entre las que está Cataluña, en relación con la infrafinanciación de la ley de la dependencia", ha indicado la consejera catalana tras asistir a la reunión.

Munté ha explicado que, en la sesión preparatoria del consejo, se retiraron del orden del día tanto la evaluación de la memoria económica de la ley como el informe de valoración del sistema del año 2014 por "falta de acuerdo" y la "oposición de las comunidades", pues era "muy poco objetivo y muy poco riguroso".

La consejera catalana no ha confiado en que el grupo dé "resultados visibles" porque la legislatura llega a su fin y por las "posturas tan lejanas" que tienen varias comunidades autónomas y el Ejecutivo en cuestiones relativas al desarrollo de la ley y su financiación.

"Será difícil, si no hay una auténtica voluntad política de dotar a la ley de la dependencia como merece (...), que esto pueda progresar de manera rápida", ha considerado Munté.

Ha abundado en que la aportación por parte de las comunidades autónomas es "muy grande" y que son, junto con los usuarios y los ayuntamientos, los que, a su juicio, están "sosteniendo" el sistema.

Así, ha enfatizado, el reto pendiente, entre otros, es la "infrafinanciación crónica" de la ley.

Ha reprochado que el consejo haya servido "simplemente" para crear el grupo citado y la revisión de una serie de estrategias nacionales que sólo implican un "listado de actuaciones" por parte de las comunidades autónomas, "pero que no comportan ninguna inyección presupuestaria ni ninguna concreción".

"El ministro (Alfonso Alonso) ha hecho un balance en términos positivos de esta legislatura, que desde Cataluña no podemos compartir en absoluto", ha insistido, debido a los "recortes" de los servicios sociales y la dependencia.

También se ha "recentralizado más" con leyes que son "lesivas" para el modelo de servicios sociales como la de reforma de la administración local y la de infancia.

Ha denunciado también el "incumplimiento" por el Gobierno de las sentencias que obligan, ha asegurado, a territorializar entre las autonomías los fondos de la casilla del 0,7 % del IRPF para fines sociales.

En cuanto a la Estrategia Nacional para Personas Sin Hogar 2015-2020, la consejera catalana ha dicho que no es un documento que sobre pero tampoco "es un avance significativo porque no contiene ninguna concreción".