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La Junta se compromete a devolver el 75% de la extra pendiente en tres plazos

El Gobierno regional ha planteado este miércoles varias propuestas a los empleados públicos enfocadas a recuperar la situación de los mismos antes de la crisis.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en una fotografía de archivo.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en una fotografía de archivo.
Efe. R. García

La Junta de Castilla y León ha planteado este miércoles en la tercera reunión de la Mesa General de Negociación la devolución del 75% restante la paga extra pendiente de 2012 en tres plazos, el primero antes de que concluya 2015, el segundo en la primavera de 2016 y el tercero en el mismo periodo de 2017.

Según han informado fuentes de la Junta en un comunicado de prensa, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha planteado este miércoles varias propuestas a los empleados públicos enfocadas a recuperar la situación de los mismos antes de la crisis.

Además de la extra, en lo que se refiere a los días de libre disposición y vacaciones, se ha anunciado que la Junta permitirá que el sexto "moscoso" se pueda disfrutar hasta finales de marzo. En 2016 se recuperarán dos días de vacaciones por antigüedad y los "canosos" se empezarán a negociar en 2016.

Los días de libre disposición y vacaciones no implicarán sustituciones salvo en sanidad y servicios sociales en los que serán los Gerentes los que determinen la necesidad de sustituir o no.

La Junta también ha planteado a los sindicatos presentes en la Mesa reclamar de forma inmediata y de manera conjunta al Gobierno de la Nación la recuperación de la jornada de 35 horas, el pago del cien por cien de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, y solicitarán que el incremento de gasto que todas estas medidas supone no compute en el cumplimiento del objetivo del déficit.

La propuesta incluye además modernizar las RPT (relación de puestos de trabajo) para avanzar hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público, para ello se modificará la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad antes de que finalice 2015.

El Ejecutivo se ha comprometido también a estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas, trabajar para desarrollar el estatuto básico del empleado público en la Comunidad de Castilla y León, adaptando la ley de función pública en temas tales como ingreso y provisión y situaciones administrativas, entre otros.

Otros objetivos son la reducción de la interinidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público agotando las tasas de reposición que el Estado marca como máximas anualmente; la promoción interna cada dos años; avanzar en la negociación del convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Castilla y León.

Asimismo se ha abogado por iniciar la negociación de un Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León con el objetivo de finalizar el diagnóstico de situación en el primer trimestre de 2016 y aprobar el Plan en el primer trimestre de 2017; mejorar la carrera profesional a través de la promoción de los empleados públicos, para ello: los Secretarios Generales y Directores Generales serán empleados públicos, salvo en casos excepcionales debidamente motivados en los decretos de estructura; se reconvertirá una parte de las plazas que ahora se proveen mediante el sistema de libre designación, por plazas de concurso específico; y se revisará el sistema de acceso a las plazas de concurso específico, cuya ocupación se someterá a evaluación y no será indefinida

Con estos ofrecimientos De Santiago Juárez ha propuesto continuar negociando esta misma tarde en un grupo de trabajo más reducido, en el que estuviesen presente las cuatro centrales sindicales, pero los representantes de los trabajadores han preferido intentar plantear una contraoferta, a ser posible conjunta, y formularla en una próxima reunión de la Mesa General que se celebrará el miércoles 7 de octubre.

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