La eterna guerra de precios entre el dinero que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos y el que acaban costando en los lineales de los supermercados finalizó esta semana un asalto más sin que sea el sector agrario el que salga beneficiado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado su informe sobre el desarrollo del Código de Buenas Prácticas en la Cadena Alimentaria que elabora el Gobierno exponiendo sus peros a que se vigile que los distribuidores puedan vender productos a pérdidas, una práctica denunciada durante los últimos años por los agricultores y que en Aragón tenía especial perjuicio para los fruticultores, que en agosto del año pasado vieron cómo el precio que recibían por sus productos tocó su nivel más bajo desde que existe el euro.

En su informe, la CNMC expone como "poco razonable prohibir o criticar de forma generalizada la venta a pérdida”, ya que en determinadas situaciones puede resultar ventajosa para el comprador. Un nuevo jarro de agua fría para los agricultores que, no obstante, no ha pillado del todo por sorpresa a los representantes del sector.

“El de los precios es sin duda alguna el mayor problema que tenemos. Desde hace dos años se ha hecho una constante que en muchos sectores no se llega a cubrir con lo que nos pagan los costes de producción. Y todo ello sin que se interpongan medidas adecuadas”, explica José Manuel Roche, secretario general de UPA en Aragón.

Para fijarse en este aspecto, Roche enumera la actual crisis del sector lácteo, que ha conllevado multas a los operadores por utilizar la leche como producto reclamo a precios bajos, o el descenso generalizado que la fruta de hueso ha tenido durante las dos últimas campañas. Una depreciación continuada a la que el Gobierno central intentó poner freno -tras numerosas peticiones de las organizaciones agrarias- creando la Ley de la Cadena Alimentaria, que buscaba corregir estos desequilibrios y, cuyo desarrollo ahora, también frena el último informe de la CNMC.

“Es una ley que nació ya descafeinada y que no ha sido ambiciosa. Una de las soluciones que se deberían haber aprobado es fijar un precio mínimo que cubra los costes, algo que ya se hace en algunos sectores de EE.UU. Y que sería infinitamente más barato que todas las ayudas y compensaciones que se ponen en marcha para proteger al agricultor. El que produce de verdad, solo necesita que le garanticen un precio justo y que no se utilice su producto” señala por su parte Vicente López, representante del sector frutícola de Uaga.

Este sector es precisamente uno de los que más han notado estas “prácticas abusivas”. En agosto del año pasado, cuando el veto ruso pilló por sorpresa al campo aragonés, el precio del melocotón en origen llegó a fijarse en algunos casos en apenas 17 céntimos el kilo vendiéndose por casi 11 veces más al consumidor. Para hacerse una idea, un año antes, en esas mismas fechas, el precio en origen alcanzaba algo más de medio euro, sin que esta diferencia se notara después en el precio que se paga en el mercado o la gran superficie.

“No me cabe duda de que del veto ruso se han beneficiado muchos distribuidores y supermercados. Este año, pese a que aún seguía el problema, la campaña ha sido mucho mejor y apenas ha habido excedentes, y sin embargo el precio no se ha recuperado como debían”, argumenta López.La CNMC también pone coto a potenciar la venta de proximidad

En su informe, Competencia también alude a otra de las prácticas que pretende potencia la Ley de la Cadena Alimentaria: potenciar o destacar el consumo de proximidad. La CNMC entiende que esta modalidad puede “introducir factores ajenos a la libre competencia, que pueden alterar negativamente las decisiones de compra” al introducir limitaciones geográficas.

Un apuesta esta última por la que varios partidos aragoneses apostaron en sus programas de las pasadas elecciones autonómicas de mayo, como Podemos, IU o CHA, y en especial el PSOE, partido de gobierno en la actualidad, que propone una Ley de Artesanía Alimentaria que ya introdujo en las Cortes la pasada legislatura para “dar cobertura legal a la venta directa en explotaciones agrícolas”.