Los consejeros avalaron el sobrecoste porque "también conllevaba más beneficios"

Los tradicionales corrillos de los pasillos del Palacio de la Aljafería se trasladaron ayer a los de la Audiencia Provincial, donde pasaron prácticamente todo el día hasta nueve consejeros y exconsejeros del Gobierno aragonés (Javier Velasco, Eduardo Bandrés, Alfredo Boné, María Teresa Verde, Alberto Larraz, Francisco Bono, José Luis Abad, Alfonso Vicente y Fernando Gimeno). Todos ellos integraron en algún momento –Fernando Gimeno, responsable del Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas del Ejecutivo de Javier Lambán, aún lo hace– el consejo de administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), razón por la que fueron citados a declarar como testigos del caso Naves. De hecho, además de ellos, el tribunal convocó a todas las personas que integraron este órgano entre los años 2005 y 2008, cuando se fraguó la controvertida operación Autocity.

La Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas estaban interesadas en saber hasta qué punto los consejeros fueron informados de los importantes sobrecostes que acarreó la firma del contrato entre Plaza y Autocity. Sobre todo, en qué momento se les dijo que se iban a disparar los gastos y si se les explicó con suficiente claridad por qué una obra que se había adjudicado por 14 millones a Codesport iba incrementar su precio hasta terminar costando 32.

Como hicieran durante la fase de instrucción ante el juez Francisco Picazo, la mayoría de los testigos declararon que recibieron "suficiente" información de la operación por parte del gerente y del consejero delegado de Plaza, los ahora acusados, Ricardo García Becerril y Carlos Esco, respectivamente. Alguno de ellos –principalmente, los representantes de Ibercaja y Caja Inmaculada en el consejo de administración– dijo que, al margen del orden del día de cada pleno, solo se les entregaba un dossier cuando se abordaban los planes financieros.En cualquier caso, todos coincidieron en que los responsables de la sociedad pública les hablaron del notable incremento de precio que iba a tener la operación Autocity en la reunión celebrada el 27 de abril de 2006.

"Recuerdo que el director financiero nos explicó que los modificados propuestos por Autocity aumentaban el precio de la obra de 14 a 22,8 millones. Pero también nos dijo que los ingresos finales se elevarían a 39.Es decir, había más gastos, porque se iban a urbanizar más metros, pero ese sobrecoste también conllevaba más beneficios", declaró el expresidente del consejo Javier Velasco.En la misma línea declararon el resto de testigos, quienes aseguraron confiar plenamente en la cúpula de Plaza.

Según los consejeros, los asesores jurídicos no les advirtieron "nunca" de que los modificados que pedía Autocity precisaran de la revisión del contrato firmado entre Plaza y Codesport para construir las naves, por lo que pensaron que todo estaba en orden. Tampoco supieron nunca de la existencia del llamado ‘documento 0’ (en el que se concretaban los citados modificados). En lo que también coincidieron todos fue en que "nadie" les informó del abono final de cuatro pagarés por importe de casi 9 millones de euros, y en que ni las cuestiones técnicas ni las certificaciones de obra pasaban por sus manos.