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Aragón

​Primer juicio penal por presunta malversaciónen en Plaza

Cuatro acusados se enfrentan a penas de 12 a 15 años de cárcel por desviar supuestamente 17,8 millones.

Agapito Iglesias, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza a finales del pasado mes de octubre.
Agapito Iglesias, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza a finales del pasado mes de octubre.
Oliver Duch

La Audiencia Provincial de Zaragoza será el escenario a partir de este lunes del primer juicio por uno de los seis procedimientos penales abiertos desde 2013 para investigar las presuntas ilegalidades cometidas en la urbanización y comercialización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). A lo largo de esta semana, compartirán banquillo el que fuera gerente de Plaza Ricardo García Becerril; el exdirector técnico de esta sociedad pública, Miguel Ángel Pérez Cervantes; el exviceconsejero de Obras Públicas del PSOE Carlos Esco; así como el dueño de Codesport y expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias.

La Fiscalía y las acusaciones particulares -ejercidas por la sociedad pública Plaza, el Gobierno aragonés y Unión Progreso y Democracia (UPyD)- piden para ellos penas de entre 12 y 15 años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad, estafa y administración desleal. Mantienen que los cuatro imputados concibieron un plan para desviar fondos públicos por un importe de entre 15,2 y 17,8 millones de euros (dependiendo de la valoración que hace cada acusación) aprovechando un contrato con Codesport para construir 119 naves en una parcela de la plataforma.

El encargo estaba presupuestado inicialmente en 14.525.267 euros, pero Plaza acabó pagando 32.329.270. Según el Ministerio Público, los ahora acusados son los responsables de este desmesurado e injustificado sobrecoste, ya que se pusieron de acuerdo para introducir modificados que estaban prohibidos en el contrato, facturaron por obras fantasmas y giraron recibos por partida doble.Contrato "llave en mano"

El fiscal Javier Checa, en su escrito de acusación provisional, recoge que en marzo de 2005, el consejo de administración de Plaza, del que Carlos Esco era consejero delegado y Ricardo García Becerril, gerente, aprobó el pliego de cláusulas para el contrato de construcción de edificios modulares en la plataforma, que debía adjudicarse por "procedimiento abierto" y bajo la modalidad "llave en mano". En él se fijaban unos precios concretos; el presupuesto sería el ofertado por el licitador que resultara adjudicatario de los trabajos y el pago se haría previa presentación de las facturas debidamente conformadas. En el contrato figuraba expresamente: "No procederá la revisión de precios (...)", lo que no se cumplió.

Durante la instrucción del caso, al fiscal le llamó la atención que la elaboración de los pliegos de cláusulas del contrato fuera llevada a cabo por la empresa de Agapito Iglesias "con mucha antelación" a ser aprobados por Plaza. Esta circunstancia era conocida tanto por Becerril como Pérez Cervantes y, según el Ministerio Público, estos modificaron las valoraciones de las ofertas presentadas al concurso y elevaron de 55,8 a 57,8 la otorgada a Codesport para que resultara adjudicataria.

Las acusaciones coinciden en que los desfases se registraron "desde la primera" certificación ordinaria de las obras. Pero el coste se disparó aún más con las cuatro facturas emitidas por Iglesias al terminar los trabajos en 2008. Los pagarés a favor de Codesport ascendieron a 8,7 millones y llevaban la firma de los imputados Becerril y Esco. La Fiscalía dice que estas cuatro facturas no pasaron por el consejo de Plaza a pesar de que este se reunió al día siguiente de su emisión y la cantidad era más que considerable para ser presentadas a los consejeros.

Por su parte, los respectivos abogados defensores de los cuatro acusados -Juan Monclús (Esco) Carmen Cifuentes (Pérez), Miguel Ángel Alemán (Iglesias) y José María Gimeno del Busto y José María Pabán (García Becerril)- solicitan la absolución de sus clientes pues alegan que el precio y los cambios están más que justificados. Alegan que una cosa es que se llegara a pagar más dinero por las obras y otra distinta es que esas cantidades se las repartiesen los imputados, algo de lo que, aseguran, no hay ni una sola prueba.

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