Santisteve cierra sus cien primeros días al ralentí sin lograr una estabilidad política

Unos días después de llegar a la Alcaldía, Pedro Santisteve se quejaba de que no le habían dado "ni cien segundos" para empezar a pedirle cuentas sobre su gestión. Mañana habrán pasado cien días, y las críticas siguen siendo prácticamente las mismas que en aquellas primeras jornadas en las que él y sus concejales de Zaragoza en Común desembarcaban en los despachos de la planta noble de la plaza del Pilar. "Mucho gesto y poca gestión", viene a ser el resumen de los ataques que le lanzan el resto de partidos.

Lo cierto es que el potente discurso renovador con el que Santisteve llegó al Ayuntamiento tras 12 años de Juan Alberto Belloch como alcalde se ha encontrado con varias dificultades que han complicado o diluído su aplicación: la inexperiencia en la gestión de casi todo su Gobierno, la realidad de la lenta tramitación que exige la administración, la asfixiante situación de las arcas municipales y, especialmente, su rotunda minoría en el pleno. Con todas estas piezas, el acelerón que se suponía que iba a dar a la actividad municipal se ha quedado en una marcha diésel, al ralentí, en la que las medidas concretas y eficaces llegan a cuentagotas. Hasta ha llegado a reconocer que tal vez no pueda cumplir todo lo que prometió.

Con solo 9 de los 31 concejales, Zaragoza en Común aún no ha logrado una mínima estabilidad política para gobernar. Tras una campaña tensa con el resto de fuerzas de la izquierda, la llegada de Santisteve a la Alcaldía no ha servido para tender demasiados puentes con PSOE y CHA, sus aliados naturales. Más bien al contrario, ha abierto brechas que pueden ser peligrosas, ahora que de verdad necesita su apoyo para sacar adelante las ordenanzas fiscales –primero– y el presupuesto del año que viene –después–. Ha llamado la atención el especial ensañamiento que ha habido por parte de algunos concejales de ZEC con los socialistas, habida cuenta de que cualquier acuerdo tiene que pasar por ellos, y con la relación con Podemos en el Gobierno de Aragón como telón de fondo.

Santisteve ha aprovechado los cien primeros días para presentarse en sociedad, para trabajar una alianza con ciudades de su mismo color político –descartando al resto– y para tomar decisiones efectistas con las que tratar de mostrar el cambio. La principal, bajarse el sueldo un 25%, hasta los 75.000 euros. Zaragoza en Común también ha suprimido los palcos para concejales en el Teatro Principal o en la Romareda, ha colgado banderas de diverso tipo en el balcón del Ayuntamiento, está modificando el reglamento de Protocolo para limitar la participación de la Corporación en los actos religiosos y ha cambiado el nombre al pabellón Príncipe Felipe por el de José Luis Abós.

Este último caso ha sido el que más polvareda ha levantado, al decidirse en el Gobierno, casi sin apoyos –solo el de CHA–, después de que el pleno lo rechazara por amplia mayoría, con informes técnicos en contra, con el debate sobre la monarquía presente... El simple cambio de nombre de una instalación deportiva municipal como homenaje a un personaje querido en la ciudad ha acabado convirtiéndose en, probablemente, la mayor polémica de los cien primeros días de Santisteve.

Gestos al margen, ZEC revisó al llegar al poder algunos de los acuerdos firmados por el PSOE antes de salir de la alcaldía, como la cesión de La Romareda al Real Zaragoza –apoyada por el resto de grupos–, el parque de Bomberos de Casetas o un decreto de Jerónimo Blasco en Parques y Jardines. En estos meses ha centrado buena parte de su gestión en la lucha contra los desahucios, fijada como una prioridad. El hecho de que no se haya ejecutado ninguno en todo este tiempo se celebra como una victoria. Santisteve se ha reunido con los bancos y con el poder judicial, y creó una mesa con los sectores afectados –que solo se ha reunido una vez– y una oficina antidesahucios –aprovechando un servicio ya existente en el Ayuntamiento–.

Otra de las líneas de acción claramente definidas ha sido el intenso control al que se está sometiendo a las grandes contratas municipales, FCC y Auzsa. La fuerte presión ejercida ha levantado no pocos recelos en el sector empresarial de la ciudad, con la remunicipalización de algunos servicios como objetivo del área de Servicios Públicos. Ya se está estudiando en algunas pequeñas contratas, y no se oculta que el primer objetivo importante será la de Parques y Jardines en 2017.

En materia económica, la medida más rápida y de mayor calado fue pedir 90 millones de euros al Estado para pagar sentencias desfavorables. ZEC ha ido descubriendo los "regalos envenenados" que dejó la gestión socialista, a pesar de que la gran mayoría eran de sobra conocidos. Curiosamente, muchas de las denuncias del nuevo Gobierno –infradotación de partidas presupuestarias, pago de intereses de demora, recurso de sentencias judiciales para evitar pagos...– coinciden con las críticas que el PP ha lanzado en los últimos años.

La otra decisión fue encargar una auditoría que se quedó en informe del estado económico-financiero del Ayuntamiento. Aunque no reveló grandes novedades, sirvió para que ZEC denunciara una "deuda oculta" de casi 110 millones de euros heredada de la etapa socialista. En cualquier caso, el documento se quedó muy lejos de ser la "auditoría ciudadana de la deuda" que se prometió. El concejal Fernando Rivarés ha repartido las culpas de la constreñida situación de las arcas municipales entre el ministro Montoro, la deuda heredada y la que tiene el Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento. Para reclamar al consejero Gimeno los 50 millones de euros que hasta hace unos meses pedía él, Rivarés ha propuesto crear dos mesas de trabajo, aunque su llamamiento no ha sido tenido en cuenta por el momento desde el Pignatelli.

Zaragoza en Común basó buena parte de su campaña en denunciar la situación de "emergencia social" que atraviesa la ciudad, y en la necesidad de elaborar un plan para atajarla. En su programa, dibujó un documento para los primeros meses de gobierno que contempaba un plan de empleo de calidad, la revisión de cláusulas de las contratas municipales, un parque público de 5.000 viviendas, la eliminación de las restricciones en las ayudas de urgente necesidad... El plan previsto, como tal, no se ha presentado, aunque desde el área de Servicios Sociales garantizan que el próximo martes darán cuenta de lo que se ha hecho en estos cien primeros días en esta materia. Una de las medidas concretas tomadas al respecto fue ampliar en dos millones la partida para ayudas de urgente necesidad, aunque un informe ya ha alertado de que hasta con esta nueva dotación será insuficiente para acabar el año.

La realidad inmediata para ZEC es que necesita apoyos para sacar adelante las ordenanzas fiscales del año que viene, si es que quiere evitar una subida media del 27% en el recibo del IBI como consecuencia de la revisión catastral y del fin de las bonificaciones. Del éxito de las negociaciones puede depender, también, el que se comiencen a sentar unas bases de estabilidad en la relación con los que deberían ser sus aliados naturales. Sobre todo teniendo en cuenta que cuanto más se acerque el mes de diciembre y sus elecciones generales más tensión se acumulará entre todos los partidos, por lo que el fuego cruzado se intuye intenso en el salón de plenos y hasta en los pasillos de la Casa Consistorial.