El juez sostiene que en el Consejo del Jamón había una "manifiesta corruptela"

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel afirma en un auto que en el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Jamón de Teruel y de su filial Promorigen S. L. había instaurada, entre 2009 y 2013 una "manifiesta corruptela" que se plasmó en "gastos inflados, sobresueldos camuflados y donativos". El magistrado, que investiga las cuentas de la institución a raíz de la denuncia presentada hace algo más de un año por el ex presidente del CRDO Eugenio García, explica que puede hablarse de la existencia de un "exceso de gastos por encima de lo que una administración razonable hubiera gastado" y añade que el Consejo de Administración y el consejero delegado no actuaron correctamente.

En su escrito, el juez señala que Promorigen S. L. fue creada para generar sobresueldos y descapitalizar al Consejo del Jamón pues todas sus pérdidas –era insolvente y se encontraba en causa de disolución– eran repuestas por el CRDO con dinero efectivo. La instrucción del caso, lejos de estar finalizada, está pendiente de la ampliación de un informe pericial respecto a las subvenciones que recibía el Consejo del Jamón de la Diputación de Teruel, el Gobierno aragonés, la Caja Rural de Teruel y el Instituto Aragonés de Fomento. El juez quiere averiguar si hubo irregularidades en la concesión o control de las mismas.

El auto judicial justifica así que sea desestimada la petición formulada por una vocal del Consejo del Jamón para que se archive su imputación en el caso. El magistrado tiene en cuenta que la recurrente votaba a favor de las liquidaciones de ingresos y gastos del periodo investigado.

Entre 2009 y 2011 el CRDO no llevó una contabilidad correcta, se realizaron gastos sin la preceptiva autorización del pleno y otros no estaban adecuadamente soportados, como la compra de 21 teléfonos móviles entre septiembre de 2012 y enero de de 2013, arreglos a vehículos que no eran del Consejo, lotes de regalos, cursos de inglés o alojamientos en hoteles. El juez expone también, como ejemplo de un mal control económico, que en febrero de 2011 se le pagó al entonces gerente del CRDO 7.000 euros como adelanto de nómina que nunca fue reintegrado. Añade que se retiraba dinero en efectivo de cajeros sin aportar comprobante.