Tras su comparecencia parlamentaria para detallar las líneas de su departamento, detalló su intención de incluir la supresión en el proyecto de ley de Función de Pública que aparcó el Gobierno de Rudi y pactarlo con partidos y sindicatos. Gimeno manifestó que se deberá analizar el alcance de la medida, ya que mostró sus dudas de poder suprimir también con efectos retroactivos el complemento de director general que cobran los ex altos catos tras su reincorporación a la Administración. Así lo hicieron en la pasada legislatura los gobiernos de Castilla-La Mancha y Asturias al considerar que no era un derecho consolidado.

Como informó este diario, los funcionarios que han desempeñado un alto cargo en la DGA tienen derecho al complemento salarial desde 1998. El Estatuto del Empleado Público, aprobado en 2007, amplió el número de beneficiarios a exparlamentarios nacionales y autonómicos, expresidentes de diputación y exalcaldes, mientras las Cortes de Aragón lo extendieron aún más en 2012: a todos los que hayan sido Justicia, presidente comarcal y del Consejo Económico y Social y a los miembros de la Cámara de Cuentas y del Consejo Consultivo. En la actualidad, se benefician al menos 44 empleados, con un coste de más de 200.000 euros que se duplicará con creces si se acogen a su derecho los 41 que acaban de dejar su cargo o su acta de diputado.

El anuncio del consejero de Hacienda se suma al que ya hizo el domingo el líder de Podemos, Pablo Echenique, tras publicar este diario el privilegio salarial. Su grupo parlamentario no quiere demorar el debate político de su supresión y ayer registró una pregunta específica para el próximo pleno, previsto para la semana que viene. De forma paralela, trabaja en una proposición de ley que no solo incluirá la supresión del complemento, sino la consolidación de nivel que se aplica. "Si la reforma de la ley que ha anunciado Gimeno no elimina estos privilegios, será Podemos quien lleve la modificación a las Cortes", señaló su líder, Pablo Echenique.

Fernando Gimeno insistió en que la solución no pasa por modificar uno o dos impuestos, sino por aprobar nuevos de carácter medioambiental, gravar las rentas más altas y, añadió, "a la fuerza habrá que plantearse qué pasa con Patrimonio y Sucesiones". En este sentido, explicó que el incremento de los ingresos que requieren las arcas autonómicas no puede venir precisamente por subir el impuesto del IRPF a los más ricos, ya que solo 140 contribuyentes declaran unos ingresos superiores a los 300.000 euros.

La velada amenaza de subir los impuestos que hizo en su intervención le llevó más tarde a defender la anulación de lo que llamó "regalos fiscales" que hizo el PP en Patrimonio y Sucesiones favoreciendo a los contribuyentes más pudientes, aunque no llegó a concretar su alcance ni dentro ni fuera ni dentro de la comisión parlamentaria.

El portavoz del PP, Antonio Suárez, fue especialmente crítico con el anuncio y cuestionó las "nulas referencias" al control y eficacia del gasto, a continuar con medidas de austeridad y de ahorro, a lo que su homólogo socialista, Alfredo Sancho, cuestionó que los populares persistan en sus "recetas" cuando rebajaron "de forma temeraria" los impuestos.