Fernando García Vicente concluyó oficialmente su tercer mandato como Justicia de Aragón en marzo de 2014 y el jueves se cumplirá un año desde que fue cesado por el entonces presidente de las Cortes, José Ángel Biel. Con este trámite se iniciaba el proceso para su relevo, pero García Vicente sigue hoy al frente del Justiciazgo en funciones y nadie se atreve a decir cuánto tiempo más se demorará esta situación. La falta de acuerdo entre los partidos políticos dejó en suspenso la designación la pasada legislatura, y en la que se acaba de iniciar algunos grupos –entre ellos los recién llegados Podemos y Ciudadanos– plantean aprovechar el debate que debe abrirse sobre el nombramiento para revisar la propia institución y reforzarla.

De momento, la negociación ni siquiera se ha iniciado y nadie da nombres de posibles candidatos, aunque en la última Junta de Portavoces de las Cortes sí que se habló brevemente, de manera informal, de la necesidad de abordar el relevo del actual Justicia. Pero en lo único en lo que todos parecen estar de acuerdo es en que cualquier decisión debe contar con el máximo consenso posible, mientras que las posturas iniciales están más o menos distanciadas en cuanto a si es necesaria una reforma de la figura del Justicia, cuál sería su alcance y si esta debe hacerse en paralelo al nombramiento del sustituto de García Vicente.

El grupo popular pretende que el proceso de renovación se ponga en marcha antes de que acabe el año, si bien no ve motivos para una revisión en profundidad de la institución. "Funciona relativamente bien y si nos ponemos a marear la perdiz, podemos estar varios años con el Justicia en funciones", argumenta el portavoz del PP, Roberto Bermúdez de Castro, recordando la gran fragmentación del Parlamento.

Los socialistas, por su parte, tienen claro que tanto el nombramiento como la revisión –que también alcanzaría a otros órganos como la Cámara de Cuentas– "son urgentes e importantes", aunque entienden que no es imprescindible que vayan en paralelo. De hecho, su portavoz parlamentario, Javier Sada, no descarta acometer la reforma antes de relevar a García Vicente. Aunque reconoce que es mejor que ambos procesos "coincidan y sean rápidos", sostiene que "si no se encuentra a nadie de consenso, no hay por qué retrasar la revisión".

A su juicio, esta tendría que ir encaminada a lograr que su trabajo sea "más eficaz en algunos aspectos", lo que incluiría, por ejemplo, la obligatoriedad de que tanto la DGA como el resto de entes sujetos a supervisión le auxilien en sus investigaciones, ya que actualmente hay muchos casos en los que el Justicia no obtiene contestación, lo que dificulta su labor.

Modificar la ley en este sentido es precisamente uno de los puntos pactados con CHA para la investidura de Javier Lambán como presidente. Además, el acuerdo hablaba expresamente de resolver la actual situación de interinidad "con carácter inmediato". "No es de recibo y denota un desinterés absoluto", critica el nacionalista Gregorio Briz, que insta a zanjar la situación antes de acabar el año.

Mientras, Podemos apuesta decididamente por "reformular" las funciones del Justicia e incluso lo ve "prioritario" frente al nombramiento. Teme que "la premura de la sustitución" suponga "cerrar el debate en falso". "Intentaremos llegar más allá, hay que ir a la cuestión de fondo", afirma Maru Díaz, portavoz de Podemos. En su opinión, el Justiciazgo, al igual que otras instituciones, "está alejado" de lo que tendría que ser su servicio, por lo que, en el marco de regeneración democrática que propugna esta formación, considera que habría que "modificar sus funciones" y dar "carácter vinculante" a sus pronunciamientos.

Arturo Aliaga, presidente y portavoz del PAR, recuerda que en su programa electoral para las autonómicas ya apostaban por ampliar sus funciones y convertir esta figura histórica en "garante de la participación ciudadana". No se fija plazos para elegir al nuevo Justicia, pero urge agilizar los contactos "para que las instituciones funcionen con normalidad". "Nos sumaremos a cualquier propuesta de consenso, pero hay que buscar a una persona lo más independiente posible para que no haya sospecha", afirma.

También Ciudadanos reclama redefinir sus atribuciones y competencias para darle "mayor relevancia". "Es una figura de mucha importancia y merece el suficiente respeto como para que no se dé esta situación de interinidad, que hay que solucionar cuanto antes", subraya el portavoz adjunto, Javier Martínez.

Patricia Luquin señala que IU siempre ha defendido dotar a este órgano de más competencias, así como de "más medios y herramientas para que trabaje con todas las garantías". Igualmente defiende su carácter vinculante y la obligatoriedad de que las administraciones le faciliten información. Además de esta revisión, considera "urgente" un acuerdo para nombrar a "alguien de consenso" porque la institución "no se puede vincular a una persona concreta". Cree que tiene que ser el Gobierno el que lidere el proceso.