El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha anunciado este lunes una modificación del presupuesto de 175 millones de euros para poder pagar las nóminas de educación y sanidad, el déficit de inclusión social y de dependencia y la sentencia relativa a la universidad de Zaragoza.

Aunque ha advertido de que con eso no se resolverán todas las insuficiencias presupuestarias urgentes, como el gasto de farmacia.

En una comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes a

petición propia y del PP para explicar las líneas de acción de su departamento, Gimeno ha indicado que esa es la primera medida decidida por el gobierno, que también pedirá de forma inmediata en la cámara autorización para refinanciar 234 millones de deuda del sector público empresarial, lo que ayudará a mejorar las posibilidades del presupuesto.

En su intervención, ha remarcado que es necesario definir los ingresos y que "sin una reforma fiscal de la comunidad el problema es muy serio, y con reforma fiscal también", por lo que ha incidido en que no queda otro remedio que abordarla, que no vale con modificar uno o dos impuestos, que los compromisos de actuación pasan por las rentas más altas y los impuestos medioambientales y que "a la fuerza" hay que plantearse qué pasa con Patrimonio y Sucesiones.

Gimeno ha recordado que la Comunidad incumple con los ratios de déficit (prevé que este año no sea inferior al 1,8 % cuando el límite es del 0,7 % y que se presentará un plan económico financiero, aunque con poco margen para actuar en lo que queda de año) y de endeudamiento, aunque sí cumple con la regla de gasto.

Ha insistido en que hay una necesidad de financiación de 591 millones de euros, en que fuera de los presupuestos hay gastos en contabilidad por más de 608 millones, a lo que se añade que habrá menos ingresos, en concreto 165 millones, y que la capacidad de disposición del presupuesto este año, desde septiembre, es de 180 millones de euros.

También ha resaltado respecto al Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza que no hay ninguna obligación reconocida, aunque ha considerado factible llegar a un acuerdo este año, pero aunque quisiera no se podría pagar este ejercicio.

El consejero ha subrayado que las prioridades del gobierno vienen marcadas por los compromisos alcanzados para la investidura como presidente de Javier Lambán, que "van a cumplirse", y que los objetivos pasan por recuperar la calidad de los servicios, con las políticas sociales como eje atendiendo de forma inmediata los problemas de exclusión y dependencia y el gasto sanitario y educativo, y la adecuada senda presupuestaria.

En el turno de los grupos, Antonio Suárez, del PP, ha recriminado a Gimeno su victimismo, que cuente "verdades a medias" y mezcle cifras de distintos años, ha aseverado que es "falso" que el Gobierno anterior haya hundido los servicios públicos porque están muy bien valorados y ha recordado que éste sí se encontró con un problema en sanidad de 400 millones de euros, al tiempo que ha reprochado a Gimeno que no sea claro sobre la reforma tributaria.

Marta de Santos, de Podemos, ha hecho hincapié en que el endeudamiento se ha multiplicado casi por cinco desde 2007, hasta 6.072 millones, lo que "ha secuestrado" los presupuestos de los últimos años y compromete los de las dos próximas décadas.

Ha abogado, para mantener los servicios públicos, por una reforma tributaria actuando sobre la progresividad y se ha mostrado convencida de que los acuerdos con el PSOE se pueden cumplir si se dejan a un lado "mochilas antiguas".

Elena Allué, del PAR, ha advertido a Gimeno de que por mucho que suba los impuestos no va a poder hacer frente a todos los pactos de gobernabilidad y tras mostrar la disposición de su grupo a llegar a acuerdos, le ha advertido de que subir los impuestos a las rentas altas es "residual" y de que los aragonesistas serán "implacables" para que la presión fiscal no recaiga de nuevo en las familias.

Por Ciudadanos, Ramiro Domínguez ha calificado de "lamentable" la realidad financiera de la comunidad y ha defendido reducir gastos de la carga política (como los consejos comarcales o empresas públicas) y aumentar los ingresos con un mayor control del fraude y una armonización de impuestos, eliminando excepciones y reducciones no justificadas, si bien ha admitido que aún así habrá que acudir al préstamo y ha animado a Gimeno a acudir al FLA, que se hará "sin ningún tipo de problema", según ha indicado el consejero.

Por el grupo mixto, Patricia Luquin, de IU, ha incidido en que la realidad del presupuesto "no pilla por sorpresa" porque se había intentado "ajustar a machetazos" y que la deuda "es impagable" y el déficit "incontrolable", por lo que ha reclamado cambiar la política fiscal "de forma radical" para intentar recaudar más para garantizar los servicios públicos y su calidad, además de gastar mejor.

Alfredo Sancho, del PSOE, ha criticado que el PP persista en sus recetas, pidiendo rebajas de impuestos cuando en el gobierno los bajó "de forma temeraria", recortó de manera "brutal" los servicios y duplicó la deuda "en una clara demostración de ineficacia", al tiempo que ha defendido recuperar eficiencia y progresividad en los impuestos para que haya unos servicios públicos de calidad.