Los partidos, con la duda de Podemos, harán una declaración para exigir los bienes a Cataluña
Lambán plantea un frente común en Aragón y reitera en las Cortes que solicitará audiencia al Papa para que intervenga.
La medida va en la línea del frente común de todas las instituciones aragonesas que planteó ayer el presidente aragonés, Javier Lambán, para responder de "forma contundente" a la afrenta de su homólogo catalán, Artur Mas, que en una carta que le remitió la semana pasada negó "cualquier derecho" de Aragón sobre su patrimonio religioso. A petición propia, Lambán compareció en el primer pleno ordinario de las Cortes para solicitar el respaldo de los partidos y detallar el plan de choque para recuperar los bienes. "Ninguna institución aragonesa puede tolerarlo y se requiere una respuesta, como mínimo, de la dimensión del agravio", dijo.
Lambán reiteró su batería de medidas que prevé adoptar ante la postura de la Generalitat y del "entramado institucional de Cataluña", problema que deslindó de sus habitantes. Así, anunció su intención de pedir una audiencia al Papa para que haga cumplir las sentencias. Para ello, dijo, debería ser rotundo, citando incluso la posibilidad de "excomunión" y aludió también a las "facultades penales" de la Iglesia.
En este sentido, el abogado de los municipios de Villanueva de Sijena, Peralta de Alcofea y Berbegal, Jorge Español, señaló que el exobispo ilerdense Xavier Ciuraneta "traicionó a Roma" al negarse a devolver los bienes y plantear una donación, por lo que no debía pedir permiso a la Generalitat.
El presidente aragonés hizo alusión al cruce de cartas con Artur Mas, al que escribió en primera instancia tras las declaraciones de su consejero de Justicia, Germà Gordó, planteando la posibilidad de ofrecer la nacionalidad catalana a los vecinos del Aragón oriental y recordándole la reclamación aragonesa sobre el patrimonio que le pertenece. A su juicio, la respuesta de su homólogo catalán supone un "salto cualitativo" porque pone en cuestión la identidad, la integridad territorial y se apropia de los bienes de Aragón.
Por ello, Lambán constituirá una comisión permanente con expertos de la Universidad y de la Iglesia "para coordinar y asesorar" la estrategia y próximas acciones, entre las que incluyó "la activación de vías civiles hasta ahora no iniciadas". También aludió al interés por sumar a este frente común a los tres expresidentes de Aragón que desde 1996 han luchando por el retorno de los bienes y a los alcaldes afectados, con los que pretende reunirse.
Todos los partidos dieron su apoyo al presidente en la reivindicación del patrimonio retenido en Cataluña, aunque el líder de Podemos, Pablo Echenique, se desmarcó sin dejar de reconocer que Cataluña debe "cumplir la legalidad" y calificar de "provocación" su postura. Así, Echenique cuestionó que con el "torbellino de pasiones" generado con el cruce epistolar no se solucionan "los problemas de la gente" y solo se logra "seguir el juego a Mas, hacerle la campaña" y "reproducir la estrategia del PP de enfrentar a los pueblos de España para no hablar de los problemas reales de la ciudadanía".
El líder socialista replicó que para conseguir una "recuperación plena de convivencia" primero hay que solucionar los problemas que "envenenan" la relación con Cataluña".
El portavoz del PP, Roberto Bermúdez de Castro, advirtió a Lambán que no obtendrá de la Iglesia "ni una mala palabra ni un buen hecho" y que la solución pasa por lograr que los obispos, de los que dijo "son una piedra", cedan a la DGA el derecho a solicitar la devolución del patrimonio. Dicho planteamiento lo trasladó sin éxito el Gobierno de Rudi en la pasada legislatura.
Los portavoces del PAR y Ciudadanos, Arturo Aliaga y Susana Gaspar, respectivamente, reclamaron contundencia al presidente en su respuesta y la implicación del Estado, mientras Javier Sada (PSOE), Gregorio Briz (CHA) y Patricia Luquin (IU) comprometieron su apoyo a la DGA en la defensa del patrimonio.
En el debate salió a colación la "deriva independentista" de Cataluña, la tercera vía planteada por el PSOE y cuestionada por el PP e incluso la petición de "prudencia" de populares y aragonesistas con la nueva Ley de Lenguas.
