De estos últimos, la oficina ha logrado suspender durante tres meses un desahucio, tiempo durante el cual se va a intentar llegar a un acuerdo con la Sareb, el conocido como banco malo, según apuntó ayer el concejal de Vivienda, Pablo Híjar. Además, hay otros cuatro casos que son susceptibles de entrar en el convenio firmado entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. En el resto de casos, apuntó el Ayuntamiento, se está tratando de llegar a un acuerdo con los arrendadores.

Híjar auguró que las consultas "irán a más" a partir de ahora, con la vuelta a la actividad normal del curso con el mes de septiembre, que será "la prueba de fuego". Además, el concejal de Vivienda quiso destacar el "intenso trabajo de coordinación" que lleva a cabo la oficina de la vivienda con los servicios sociales municipales, que detectan los casos en los barrios y los derivan hacia la oficina, que es el centro municipal especializado en la mediación con este tipo de procesos.

En lo que no ha habido tantos avances ha sido en la mesa antidesahucios que se constituyó con urgencia en junio, al poco de llegar al poder Zaragoza en Común, y de la que forman parte el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón. Híjar señaló que está pendiente de convocar la segunda reunión, que en principio será este mismo mes.

Híjar expresó el apoyo del Ayuntamiento al decreto aragonés de vivienda porque a su juicio dará "herramientas a las entidades locales", incluso llegando a las "expropiaciones de uso" de las viviendas. Justes coincidió en que "es necesario dotar a las administraciones locales de herramientas ante la grave situación de emergencia habitacional que atraviesa el país, ya que ahora mismo nos vemos prácticamente sin capacidad de maniobra". El edil oscense detalló que de las 83 solicitudes de vivienda de Huesca a la DGA –incluida la suya propia– solo se han tramitado cuatro.