"No estamos con el agua al cuello, pero podemos estarlo en cualquier momento. Los alcaldes reclaman la limpieza del río y es hora de escucharlos porque tienen razón". De esta manera resumió ayer el vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Martín Llanas, el sentimiento de la ribera del Ebro zaragozana afectada por las avenidas del río. Seis meses después de las últimas crecidas, Pradilla acogió una reunión de la Comisión de Municipios Afectados por el Río Ebro. Además de los alcaldes ribereños, asistieron al encuentro el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Raimundo Lafuente, y el vicepresidente de la DPZ. Los representantes de las tres instituciones informaron de las actuaciones de emergencia que se han llevado a cabo después de la riada, además de analizar y debatir con los alcaldes sobre la situación actual de los municipios.

El alcalde de Pradilla, Luis Eduardo Moncín, manifestó su preocupación por "las actuaciones que siguen pendientes seis meses después de la riada y, en especial, las que tienen que ver con la prevención". Por su parte, Llanas se comprometió a reparar todas las infraestructuras dañadas en la última riada que sean de competencia provincial.

El responsable de Gestión Medioambiental de la CHE, Lorenzo Polanco, precisó que su organismo trabaja para reparar un total de 900 roturas en defensas en toda la cuenca, 476 de ellas en la provincia de Zaragoza. De estas últimas, 235 están finalizadas o en proceso de ejecución y 241 pendientes de inicio. A ellas hay que añadir otras 300 actuaciones situadas en defensas en afluentes del Ebro.

Polanco precisó que el importe de estas actuaciones que se iniciaron en marzo alcanza los 7,2 millones de euros. "En una primera fase de urgencia se intervino para tapar los agujeros y posteriormente se están realizando trabajos complementarios que conllevan una inversión de 9 millones más. Asimismo, también precisó que en este momento se está a la mitad de la ejecución del arreglo de las motas.

En lo referente a las actuaciones para proteger los núcleos urbanos, Polanco defiende que "únicamente con los dragados no se puede garantizar la seguridad de las poblaciones. Es preciso mejorar las defensas y ampliar la sección de desagüe del río con limpiezas, así como otras medidas como permeabilizar puentes, cauces de alivio o construcciones que impidan la entrada del agua", afirmó.

En el encuentro también se anunció que en diez días se iniciarán los trabajos en fase 1 de reparación de las defensas de cascos urbanos de las poblaciones. Para las actuaciones de la fase 2, más compleja desde el punto de vista medioambiental, Polanco comentó que la CHE pedirá al Consejo de Ministros la exención del trámite medioambiental para la ejecución de los proyectos en zonas protegidas por la legislación. El portavoz de la CHE señaló que "depende de disponer de financiación por parte del Magrama y de la agilidad en la tramitación de los informes medioambientales por parte del Inaga. De esta manera, a mitad de octubre podríamos entrar a trabajar al cauce".

En total están previstas 51 intervenciones en Novillas, Boquiñeni, Pradilla, Alcalá, Cabañas, Torres de Berrellén, Monzalbarba, Pastriz y Pina. Entre ellas también hay planificados varios dragados puntuales, cauces de alivio o permeabilización de puentes.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, explicó que la inversión del Ejecutivo autonómico en ayudas y reparaciones de infraestructuras dañadas por las últimas riadas asciende a 33 millones de euros y que la misma está ejecutada prácticamente al 100%. De ellos, 12 millones se han destinado directamente a explotaciones damnificadas y llegarán a sus titulares en los próximos días. Cerca de 13,5 millones han tenido como objetivo la reparación de infraestructuras comunes de riego.

Las instalaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración han recibido cinco millones de inversión. En actuaciones de emergencia el montante ha sido de 1,3 millones. Y, finalmente, para actuaciones de gestión forestal y medioambiental la aportación ha sido de cerca de un millón de euros.