El fiscal rebaja la pena por emitir gases de los frigoríficos, pero pide 6 millones por daños

El fiscal Manuel Torralba modificó ayer sus conclusiones para rebajar la petición de pena por un delito ecológico, de cuatro a tres años, para el empresario Valero L. V., pero reclamó una responsabilidad civil de seis millones de euros por los daños provocados con las emisiones graves en la atmósfera con gases nocivos de los frigoríficos. Esta indemnización sería para el Gobierno de Aragón por los daños sufridos con la contaminación. "Los gases están encima de nuestras cabezas", concluyó el representante del Ministerio público.

La sección sexta de la Audiencia de Zaragoza celebró ayer la segunda y última jornada del juicio al empresario Valero L. V., dueño de la empresa Valorfrío, y el encargado Fernando L. F. por un delito medioambiental. La prueba pericial fue muy técnica y se escucharon cinco técnicos sobre el reciclaje de los frigoríficos y la extracción de gases.

El representante del Ministerio público mantuvo una conclusión ponderada y aplicó el Código Penal anterior al de 2010, que supuso la rebaja de la pena por delito medioambiental grave de cuatro a tres años de prisión para el empresario. Al juzgarse los hechos de 2007 a 2010 en la empresa, se rebajó la petición, pero mantuvo la acusación al empresario por estafa y solicitó tres años, mientras al encargado le pidió dos años por el delito ecológico como cooperador necesario.

"En la empresa Valorfrío no se extraían los gases de los frigoríficos por cada uno sino que se trituraban", defendió el fiscal, basándose en la prueba testifical de los exempleados y la investigación del Seprona de la Guardia Civil con la Operación Fragmento. Señaló que la empresa recibía 14.40 euros por cada nevera reciclada, pero sin hacer la tarea de sacar los gases por la que cobraba y por eso lo acusa de la estafa. Mencionó la declaración del empresario de Induraes del sector quien valoró que si no se extrae el gas y se fragmentan, el proceso "cuesta veinte veces menos" al empresario.

Asimismo, el fiscal Manuel Torralba destacó la conclusión de dos peritos al considerar que la emisión de los gases CFC y HCFC de los frigoríficos es "grave" y se mantienen activos destrozando el ozono durante quince años. El fiscal destacó que Valorfrío recibió 607.492 frigoríficos entre los años 2007 y 2010, y le aplicó mediciones ponderadas para llegar a la conclusión de que apenas extrajeron 93 gramos de gases de cada frigorífico (según la memoria de la empresa) o 15 gramos (en función de las facturas del transporte especial del gas, que transportaron 9.700 kilos), frente a los 300 gramos que debería haber sacado de cada electrodoméstico.

Los abogados defensores Nicolás González y Cuéllar Serrano se centraron en el informe de la Universidad de Zaragoza, en el que se concluyen que Valorfrío extraía 186 gramos por cada frigorífico, una cifra "que era lo esperado". Además, se sumaron las conclusiones de la Guardia Civil o la empresa Induraes, en los que se midieron 150 gramos o 162 extraídos, cantidades que el abogado Nicolás Sánchez considera que son adecuadas.

La defensa se centró también en que la empresa sigue recibiendo frigoríficos para reciclarlos, a pesar de esta acusación de la Fiscalía. "Es un caso inédito llegar a un juicio oral como éste. La empresa Valorfrío, que ha absorbido López Soriano y costó diez millones de euros, tiene un contrato vigente con el SIG(Sistemas Integrados de gestión) de recibir frigoríficos. ¿Cómo pueden permitírselo, a pesar del informe que hizo la DGA?", argumentó el abogado defensor del empresario.

Asimismo, el letrado denunció la indefensión sufrida en la instrucción del caso tanto por la Fiscalía de Medio Ambiente como por el juez instructor, por no permitir que aportaran documentación de la empresa. Criticó que la Guardia Civil se haya basado en un informe de la empresa Induraes, que es "competencia" de Valorfrío, y restó valor a las declaraciones de los extrabajadores, que negaron el reciclaje, porque entendía que era "resentidos".

Por contra, el fiscal sostuvo que no existían rencores entre esos empleados que dejaron la empresa cuando confesaron en la Audiencia de Zaragoza que la mayoría de los frigoríficos se fragmentaban y no se llevaban a la zona para extraer los gases.