UGT y OSTA ven "perjuicios" en que las panaderías tengan zona de degustación
Piden que se les aplique la normativa de bares para evitar competencia desleal.
OSTA exige a las administraciones que "comprueben que las licencias que tienen son las de hostelería, y no las de panadería", y recuerda que el pasado 5 de mayo se mantuvo una reunión entre asociaciones empresariales, sindicatos y representantes de la Administración entre ellos del Ayuntamiento de Zaragoza en la que quedó claro que "si hay consumo, hay hostelería". Por tanto, este tipo de establecimientos solo estarían en regla si el local "tiene doble licencia" (de panadería y de bar).
En caso contrario, señala UGT, "se trata de una competencia desleal hacia el sector de hostelería", puesto que "este tipo de nuevos establecimientos puede abrir sin ninguna oposición administrativa" un negocio de hostelería "en las zonas saturadas", donde cualquiera que empiece de cero su actividad no puede hacerlo "al no darse licencias de apertura".
La polémica surgió, recuerda OSTA, "a raíz de la permisividad que el Ayuntamiento de Zaragoza daba a las panaderías existentes para que pudieran orientar su negocio incluyendo actividades propias de la hostelería, como servir cafés, tes y comidas varias, incluyendo en sus locales mesas y sillas para consumir". Además, se "excluía estos negocios de la aplicación de las ordenanzas sobre las zonas saturadas al entender que no eran hostelería", hecho que el sindicato califica de "erróneo e irresponsable".
Posible agravio laboral
OSTA aclara que "existe un convenio de panaderías y otro de hostelería, y hemos detectado casos en los que se aplica el de panaderías, muy inferior en condiciones al de hostelería". Explica que en mayo sindicatos y asociaciones empresariales acordaron que el convenio de hostelería sería el aplicable a los trabajadores de estos establecimientos. "De lo contrario, estaríamos ante un fraude manifiesto y un abuso" porque "realizando el mismo trabajo que un camarero o camarera, tienen peores condiciones laborales", subraya.
Por ello, OSTA y UGT piden a las administraciones que comprueben "la correcta aplicación de la ley".