Ánfora, del sueño a la pesadilla
Denuncias cruzadas entre Gobiernos, irregularidades bajo investigación y la sombra de la politización empañan un inicio de curso angustioso para decenas de familias.
La historia del Ánfora no está, ni con mucho, cerrada. La cooperativa ha pedido ahora a Educación que rectifique y abra el centro, como concertado, antes del día 10. Lo han hecho mediante un recurso de alzada al que la DGA contestará en unos días. Todo hace prever que será rechazado, ya que la negativa del Ejecutivo es firme. Entonces, aún quedará una vía: los tribunales.
Las dudas que planean sobre el proceso llegan al extremo de que unos técnicos (los encargados de la obra y los del ayuntamiento de Cuarte) acreditan que el Ánfora está listo para recibir a los niños, mientras que otros, los de la Unidad Técnica de Construcciones de la DGA, han detectado "deficiencias graves", que han impedido que el colegio abra.
Otras paradojas del conflicto son aún más graves, porque dejan en un limbo jurídico a las familias. El Ánfora, que con el Gobierno del PP se anunciaba como concertado a falta de pasar una inspección (así se publicó en el BOA) y que se ofertó dentro del proceso de escolarización de marzo; es considerado, tras las elecciones, un centro que ni siquiera es elegible como privado. Educación insiste en que, a su entender, nunca fue concertado (según la DGA "solo hubo una resolución provisional que establecía un preconcierto") y añade que el hecho de que no haya obtenido la licencia invalida todo lo anterior: Los 165 niños no están matriculados en el Ánfora ni tienen plaza. El departamento que dirige Mayte Pérez considera que eran "plazas condicionadas", a pesar de que los padres recibieron la notificación de Educación de que sí que habían sido admitidos y de que formalizaron la matrícula. Abogados consultados creen que solo esto podría servir para declarar nulo el proceso de admisión de alumnos.
En la calle, además, hay cientos de incógnitas. ¿Se trata de una decisión política anunciada, además, durante la campaña electoral? ¿Mueve los hilos de la cooperativa alguna empresa relacionada con la trama Púnica? ¿Fue demasiado laxo el anterior Gobierno, con la intención de favorecer al Ánfora, y es demasiado estricto este, con el deseo de frenar la operación? ¿No podía haberse dado una moratoria para subsanar las deficiencias técnicas del edificio, encontradas el 17 de agosto, casi un mes antes del inicio de curso?
Para contestar a todo hay que remontarse a noviembre de 2014, cuando una empresa se interesa por construir un colegio privado en Cuarte, una zona escolar masificada, con dos centros públicos al límite y un tercero con alumnos, pero sin edificio propio. Uno de ellos, el Foro Romano, tiene en ese momento 12 barracones (este año serán 18). El anterior Gobierno es muy receptivo a una oferta que le permitirá solucionar la falta de plazas sin invertir en un nuevo edificio, pero la escuela pública acusa a la ex consejera, Dolores Serrat, de volcarse con la opción privada y ralentizar el proyecto del tercer colegio público, el Cuarte III.
Esta decisión le acarreará muchos problemas, pero no será el único contratiempo. El proceso sigue, se elige el terreno, y se anuncia que funcionará como cooperativa. Y entonces entra en escena la trama Púnica: Alfonso Ferrón del Río, imputado dentro de esta operación, es el cerebro de Alfedel, la empresa que promueve el proyecto. Aunque el colegio será sufragado por otra cooperativa, Ánfora, esto empaña la iniciativa.
La obra se hace de forma exprés. Tanto es así, que el colegio podría haberse aprobado y concertado en solo seis meses, cuando de media solo tramitar un concierto dura unos 20 meses. El centro, del que no se ha puesto ni una piedra, se oferta en el proceso de escolarización. Poco después, en campaña, el PSOE y Podemos prometen acabar con este concierto. Al llegar la nueva consejera, la obra deja de revisarse cada 15 días por parte de los técnicos de la DGA ya que se considera "inaceptable" que la Administración tutele una obra privada. La siguiente visita, el 17 de agosto, desata el conflicto.
Desde entonces, y en solo diez días, Educación ha abierto un expediente tras detectar irregularidades en cómo se gestó el concierto, ya que faltan documentos preceptivos y hay dudas incluso con la titularidad del terreno. Ánfora ha presentado un recurso de alzada para que se abra y exige que no se les culpe de los fallos que pudo cometer el anterior Gobierno. Y las familias califican su situación con una palabra: indefensión.
