Rivarés recuerda a Gimeno el coste para el Consistorio de las competencias impropias

El Ayuntamiento de Zaragoza ha enviado al Gobierno de Aragón "toda la documentación" sobre las competencias impropias que ejerce el Consistorio, así como los estudios que se han realizado en los últimos años sobre la Ley de Capitalidad, que debe regular la financiación de la capital por parte del Ejecutivo aragonés. El concejal de Economía del Ayuntamiento, Fernando Rivarés, le ha hecho llegar estos informes a su homólogo en la DGA, Fernando Gimeno, perfecto conocedor de estos documentos al haber estado en el puesto de Rivarés hasta hace poco más de dos meses.

Este último propuso ayer la creación de dos grupos de trabajo, uno con representantes políticos y otro con técnicos de ambas instituciones, para analizar el coste de los servicios que ejerce el Ayuntamiento "en materia social, educación y empleo". "Las debería asumir el Gobierno de Aragón o transferir al Consistorio con su correspondiente dotación económica", apuntó el concejal de Zaragoza en Común. "Queremos saber si Fernando Gimeno está dispuesto a defender lo mismo que defendía hace unos meses cuando era vicealcalde de Zaragoza", añadió Rivarés.

Además, el concejal de Economía también envió los documentos que supuestamente acreditan las deudas pendientes que tiene la comunidad autónoma con el Consistorio, y que en la plaza del Pilar fijan en 55 millones, algo que ahora pone en duda Gimeno. "Estamos en un momento crucial y el Ayuntamiento de Zaragoza necesita conocer el compromiso político del Gobierno de Aragón con la ciudad para cubrir los servicios vitales para los zaragozanos", dijo Rivarés.

En diciembre del año pasado, con Gimeno como concejal de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento cifró en 160 millones de euros el coste de las competencias impropias, los que se estiman como vinculados a la población flotante y las exenciones fiscales que tiene que aplicar la ciudad por ser capital. Se trataba de un planteamiento totalmente alejado del que tenía el Gobierno de Aragón (gobernado entonces por el PP), e incluso del que tenía el Ejecutivo autonómico cuatro años antes con el PSOE.

En cuanto a las competencias impropias, el Gobierno municipal socialista calculó que ascendían a 101,2 millones, correspondientes a servicios sociales, educación, empleo, juventud, igualdad, medio ambiente y consumo.