El Gobierno de Aragón se ha encontrado con un "agujero contable" en las cuentas de la Comunidad que cuantifica en casi 800 millones de euros, debido, principalmente, al desfase en Sanidad, que alcanzará los 593 millones. Además, por impuestos se recaudarán 150 millones menos de lo previsto. Son algunos de los datos que el Ejecutivo autonómico analizó en el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones y que incluirá en el plan económico-financiero que la DGA debe presentar en otoño al Ministerio de Hacienda por incumplir el déficit.

Según detalló en la rueda de prensa posterior el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Vicente Guillén, la cifra "más significativa" es la de los 338 millones que faltan para abonar hasta final de año los servicios y suministros de material y medicamentos de los centros de salud y hospitales –debido a las facturas pendientes que se arrastran de años anteriores–, además de los gastos de personal. Para abonar las nóminas de los sanitarios en noviembre y diciembre se requieren 75,4 millones más.

Y para los maestros habrá que destinar otros 63, además de 15,4 millones para sufragar la enseñanza concertada, mientras que Servicios Sociales tiene un desajuste de 16,5 millones en atención a dependientes.

Todo ello obligará al Gobierno aragonés a hacer una modificación presupuestaria de "en torno a 200 o 211 millones" que se llevará a las Cortes en septiembre, anunció Guillén, ya que las cantidades recogidas en el Presupuesto "son absolutamente insuficientes para cubrir las necesidades". No concretó qué partidas se reducirán o eliminarán para cuadrar los números. Eso sí, dejó claro que "todas las consejerías se verán afectadas" por la retención de determinados gastos que estaban presupuestados.

"No creo que ningún grupo se vaya a oponer a pagarles a los funcionarios", confió, al tiempo que recordó que esta cuestión es "de obligado cumplimiento". No obstante, se da por hecho que solo se podrán consignar las cantidades imprescindibles para abonar las nóminas de la recta final del año, mientras que la devolución del 25% de la extra de 2012 que el Ministerio de Hacienda pretende que se reintegre en este ejercicio quedará pendiente.

Además de los gastos de personal, con la modificación presupuestaria anunciada por la DGA se "priorizarán las políticas sociales", como el pago del IAI, al que se pretenden destinar 2,5 millones adicionales. Además, el Ejecutivo garantiza que las partidas destinadas a gasto social "no se tocarán" en ningún caso en el marco de los ajustes.

Igualmente, parte de esos más de 200 millones servirán para atender los compromisos que adquirió el PSOE en los acuerdos de investidura de Javier Lambán como presidente de Aragón.

Mientras ultima los detalles de esa modificación para pagar los gastos más urgentes y empieza a perfilar las cuentas de 2016, la Consejería de Hacienda que dirige Fernando Gimeno trabaja también en el plan económico-financiero que debe presentar en Madrid, con el objetivo de "intentar convencer" al ministro Cristóbal Montoro de que autorice un programa a tres años para equilibrar ingresos y gastos. "Este año no podemos cumplir" el objetivo de déficit, insistió ayer el portavoz de la DGA, al tiempo que se comprometió a "hacer lo posible y lo imposible" para ajustarse a los límites marcados en los dos siguientes ejercicios.

Por otra parte, Vicente Guillén informó de que los servicios jurídicos siguen estudiando la posibilidad de recurrir los Presupuestos Generales del Estado, que presentó el Ejecutivo central sin haber consultado previamente a Aragón, tal y como establece el Estatuto de Autonomía. A este respecto, el portavoz reiteró que el Ejecutivo PSOE-CHA no ve "razonable" que "un Gobierno que es tan escrupuloso con el cumplimiento de las leyes cuando le interesa a él, como con la Lomce", no respete el Estatuto, que tiene rango de ley orgánica. Por ello, se recurrirán esas cuentas "si hay sustento jurídico". El informe estará concluido en septiembre.