El anterior Gobierno propició la adjudicación in extremis de la gestión del centro de menores
El gobierno en funciones tramitó un procedimiento negociado y sin publicidad.
El PSOE se había comprometido a solucionar el enquistado conflicto administrativo del Centro de Observación y Acogida de menores de Torrero (COA) y así lo ha hecho, aunque su actuación no ha desbloqueado el conflicto laboral en el que llevan inmersos los educadores de este centro desde noviembre de 2014.
Apenas 20 días después de su llegada al poder, el nuevo Gobierno de Aragón estampó su firma en un documento que suponía la adjudicación de la gestión educativa de este recurso asistencial a la empresa privada INTRESS. La actual consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, defiende que el proceso de adjudicación no negociado y sin publicidad iniciado por el anterior gobierno estaba tan avanzado, que dar marcha atrás hubiese supuesto incurrir en prevaricación. Y es que el anterior Ejecutivo avanzó mucho en esta adjudicación en el lapso de tiempo entre las elecciones autonómicas y la toma de posesión del nuevo presidente de Aragón. Es decir, cuando solo ejercía en funciones.
Durante el gobierno en funciones
El pasado 26 de mayo, dos días después de las elecciones autonómicas, el anterior gobierno de la comunidad negó a los medios de comunicación seguir tramitando la adjudicación de la gestión educativa del COA, uno de los grandes quebraderos de cabeza durante su legislatura. Fuentes del antiguo departamento de Sanidad aseguraron entonces que el tema estaba parado y que sería el próximo Gobierno quien decidiría sobre el asunto "por responsabilidad, coherencia y respeto". Apenas ocho días después de esa negativa el entonces gobierno en funciones procedió a invitar a seis empresas a participar en un procedimiento de adjudicación negociado y sin publicidad.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas de ese procedimiento, a los que ha tenido acceso Heraldo.es, fijaban las mismas condiciones que las que provocaron el comienzo de la huelga de los educadores del centro en noviembre de 2014 en un anterior intento de adjudicación de su gestión mediante concurso público.
Solo dos de esas seis empresas presentaron la documentación a tiempo en el ajustado plazo marcado por la declaración de urgencia del expediente. Los actuales educadores del centro de menores denuncian que las dos habían visitado las instalaciones en febrero, acompañadas por representantes del IASS, y que se les facilitó en esa visita información sobre el funcionamiento del centro y sobre los menores, cuando ni siquiera se había aprobado el inicio del expediente de contratación.
Durante el mes de junio, todavía con un gobierno en funciones, la Comisión Negociadora se reunió hasta en cuatro ocasiones y el día 30, a cinco días de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Aragón, decidió elevar a la entonces directora gerente del IASS, Cristina Gavín, la propuesta de adjudicar el contrato a la empresa INTRESS hasta diciembre de 2017 y por un importe de más de dos millones y medio de euros.
Tras la toma de posesión
Cinco días después (el 5 de julio) tomó posesión el nuevo Gobierno de Javier Lambán y el 21 se aprobó el nombramiento del nuevo director gerente del IASS, Joaquín Santos Martí. Mientras estaba en la oposición, la portavoz de asuntos sociales del PSOE María Victoria Broto (ahora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales) había criticado las condiciones de los nuevos pliegos de contratación al suponer "una modificación importantísima" en la gestión que obligaría a la empresa a "hacerse cargo de una serie de cuestiones de las que hasta ahora no se tenía que hacer cargo y que suponen entre un 5 y un 10% más de gasto" con un presupuesto menor. Aún así, una semana después de su llegada al cargo, Santos firmó la adjudicación de la gestión educativa del COA a la empresa INTRESS con esas mismas condiciones. Según fuentes del actual Ejecutivo, el proceso de adjudicación había avanzado hasta tal punto que dar marcha atrás hubiese supuesto incurrir en prevaricación.
Los educadores del COA critican la fata de transparencia durante todo el proceso y por eso han recurrido la adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). Su portavoz, Javier Itxaso, considera que los derechos de los educadores se han visto vulnerados al negarse el IASS a facilitarles el acceso al expediente de contratación, acceso que solicitaron en febrero y que hasta ahora les ha sido denegado.
