La DGA diseña un plan para regularizar los pagos que debe a la Universidad de Zaragoza

El Gobierno de Aragón diseñará antes de que finalice octubre un plan para regularizar los pagos a la Universidad de Zaragoza. Según fuentes del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, este programa servirá para que el Ejecutivo autonómico se ponga al día en las cantidades que adeuda a la institución académica del presupuesto de 2015. Esta cuantía ronda los 11,5 millones de euros y en ella se incluiría la partida que anualmente transfiere la DGA a la Universidad en concepto de complementos retributivos a los profesores (y que en 2015 es una cifra cercana a los ocho millones, de los cuales aún no se ha pagado nada), más la cantidad fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón como medida cautelar en el contencioso planteado por la Universidad contra el anterior Ejecutivo (3,5 millones).

De momento, el Departamento de Universidad ha mantenido contactos con el de Hacienda para que reconozca estos pagos y se desbloqueen las cuantías mencionadas (algo que se ha hecho ya). Tras el verano, se reunirán con Tesorería para diseñar el programa de pagos que satisfaga esas cantidades, de acuerdo a un plan que se desarrollará en los próximos meses.

Fuentes del Departamento eludieron dar una fecha exacta en la cual podría estar pagada esta deuda, pero aseguraron que la idea es regularizar la situación con la Universidad cuanto antes y ponerse al día en los pagos correspondientes a 2015, por lo que las últimas cuantías deberían transferirse no más tarde de enero o febrero de 2016.

La institución académica se ha quejado reiteradamente, sobre todo en los últimos tiempos, del perjuicio que le causa tanto el retraso con que la DGA paga algunas de las partidas comprometidas (como es el caso de los complementos al personal docente: unos 8 millones anuales) como de lo insuficiente que es la financiación básica (un cifra que en los últimos años se ha mantenido en el entorno de los 142 millones).

De hecho, la vicerrectora de Economía, María Teresa Aparicio, hacía referencia en una reciente entrevista publicada en este periódico a las tensiones de tesorería que sufre con relativa frecuencia la Universidad, desfases derivados de la obligación de atender los pagos de sus proveedores, pero no contar con la liquidez suficiente para afrontarlos. El propio rector de la Universidad, Manuel López, reconoció a finales de junio que la institución académica tenía "una alta morosidad" y que no cumplía en tiempo y forma con sus empresas suministradoras. López, que hizo estas declaraciones en una visita que realizó a Huesca, matizó que no se trataba estrictamente de "impagos", pero sí de muchas "demoras" en el pago a los proveedores. Asimismo, reconoció que debían recurrir a préstamos bancarios (a corto) para poder resolver las situaciones puntuales de liquidez y poder atender esas obligaciones. Créditos que generan intereses que deben ser pagados por la Universidad, lo que aún empeora más su situación financiera.

Fuentes de la consejería de Universidad apuntaron que con este plan de regularización de pagos quieren relajar la situación financiera de la Universidad en el corto plazo, sin perjuicio de las negociaciones que comenzarán en septiembre para diseñar un nuevo modelo de financiación que, a largo plazo, permita a la institución contar con un presupuesto plurianual. Estas fuentes explicaron que en este momento, además de la cuantía fijada hace unas semanas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA como medida cautelar en el contencioso que sigue la Universidad contra el Gobierno, la DGA adeuda los complementos retributivos de los profesores correspondientes al primer semestre de 2015. Estas partidas se han venido pagando con mucho retraso en los últimos años. De hecho, los complementos de 2014 fueron satisfechos por el anterior Gobierno de marzo a junio de este año, poco antes de finalizar la legislatura.