Podemos reclama al Gobierno de Aragón una auditoría de Sarga

El partido quiere conocer qué va a hacer para dar respuesta a las quejas de los trabajadores.

Podemos ha reclamado al Gobierno de Aragón una auditoría sobre la gestión de Sarga, la empresa pública más grande de la comunidad, y su antecesora Sodemasa, y conocer, antes de que concluya el año, qué va a hacer con la misma para dar respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores.


El diputado autonómico de Podemos Andoni Corrales ha realizado esta petición en una rueda de prensa en las Cortes de Aragón, en la que ha comparecido junto a tres delegados sindicales de la Candidatura Independiente de Sarga, Julio Suárez, Luis Miguel Olmo y Yasmina Redondo.


Corrales ha recordado los incendios de este año, principalmente el que calcinó más de 14.000 hectáreas en las Cinco Villas en julio, y la importancia de realizar labores de limpieza en el monte durante todo el año y ha criticado que en la pasada Semana Santa, por primera vez, "no haya habido ningún trabajador en los parques nacionales" aragoneses, lo que ha suscitado "infinidad de denuncias" por parte de los turistas.


Ha apuntado además que el 90 por ciento de las plantillas forestales trabajan una media de seis meses al año y ha criticado el "diferente reparto de recursos" de los trabajadores y directivos de Sarga, motivo que debería ser "suficiente" para que el presidente de Aragón, Javier Lambán, llevara a cabo una auditoría.


El diputado de Podemos ha criticado también la actitud del PSOE y, en especial, la del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, quien tendrá que explicar "por qué ha cambiado de opinión" con respecto a este asunto desde que ha llegado al gobierno.


Corrales ha anunciado que solicitará al consejero una reunión en los próximos días y ha incidido en que los incendios "se apagan en invierno" y en ese tiempo los trabajadores de Sarga "están en su casa".


Por su parte, Suárez ha incidido en la necesidad de que los grupos políticos "se definan" sobre el Aragón que quieren construir. al tiempo que ha recordado que la aragonesa es la única comunidad o región europea que tiene el 50 por ciento de la población en una ciudad, que es Zaragoza, y esto tiene que ver "con las políticas que se implementan desde los lugares de decisión".


Ha explicado que la mayoría de los trabajadores de espacios protegidos tienen unos ingresos anuales de entre 6.000 y 7.000 euros y los del operativo de incendios de entre 7.000 y 8.0000; que la mayoría trabajan seis meses al año, algunos sólo tres, y que muchos de ellos están "cercanos al umbral de la pobreza o por debajo" ya que, en 2015, éste se sitúa en 7.916 euros anuales por hogar unipersonal.


Esta situación de precariedad se refleja también, ha añadido Suárez, en unos porcentajes de cotización del 80, 60, 40 e incluso el 20 por ciento, que hace que "no tengan derecho a la prestación social" y ha resaltado que, en esa situación se encuentran "casi mil familias repartidas por el territorio aragonés".


Los trabajadores de Sarga entregarán mañana un documento al consejero Olona para que "se acerque" a la realidad de estas familias, ha dicho.

Su compañero Luis Miguel Olmo ha recordado que en Aragón existen 14 comarcas declaradas desierto demográfico y que en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que recibe anualmente más de 600.000 visitas, el número de trabajadores que realizan las labores de vigilancia y mantenimiento se ha reducido desde los 126 en 2008 a los 63 actuales, sin que ello haya repercutido en un aumento del número de funcionarios o personal laboral en este espacio.


Olmo ha calificado de "estremecedor y agobiante el silencio del Gobierno de Aragón" sobre este asunto y ha exigido tanto al ejecutivo como a la oposición que trabajen para solucionar la situación de "precariedad y maltrato" que padece el colectivo que se encarga de preservar el patrimonio natural aragonés.


En este mismo sentido se ha manifestado Yasmina Redonda, quien ha denunciado el "maltrato laboral" que padecen por parte del Gobierno de Aragón y la empresa pública Sarga, a los que ha acusado de "pasarse la pelota" sin llegar a darles soluciones.


Ha denunciado que los trabajadores, que tienen que estar 24 horas localizables no coticen al 100 por cien, así como la falta de un plan de igualdad y la discriminación, por cuestión de sexo, a la que se ven sometidas las trabajadoras de esta empresa.

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