Las Eafi (Empresas de asesoramiento financiero) necesitan una licencia por parte del regulador para poder realizar sus funciones. Pero la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) sospecha que la CNMV retiró los permisos a dos de ellas en 2005 y 2012 de forma irregular para perjudicar a unas y beneficiar a otras del sector.

El organismo presidido por Elvira Rodríguez se apresuró ayer a negar la mayor al indicar que todos los procedimientos que lleva a cabo se hacen respetando la legalidad y que actuará contra quienes insinúen que sus prácticas se saltan la normativa de forma prevaricadora.

El conflicto surge tras las denuncias presentadas, en 2005 y 2011, respectivamente, por dos empresas que actuaban como Eafi: Vetusta y Dracon Partners. En el primer caso, el presidente de la CNMV era Manuel Conthe, y en el segundo, Julio Segura, antecesor de la actual presidenta.

El regulador abrió un expediente que, en el caso de Dracon Partners, finalizó en 2012 no solo con la retirada de la licencia para operar como Eafi, sino con una multa superior a los 1,8 millones de euros a la firma y a su responsable, Sara Pérez Frutos, por "incumplimiento de las normas de conducta", "presentar deficiencias significativas de sus políticas y procedimientos relativos a su organización interna", "realizar una actividad no autorizada a las empresas de asesoramiento financiero" o "incumplir la normativa contable", entre otras muchas razones.

En aquel momento, hasta los trabajadores de la empresa (un equipo con más de 40 comerciales) advertían sobre la situación "insostenible" de la firma. Dracon Partners había roto el mercado con sus tarifas, su campaña de captación de cliente y sus métodos de trabajo. Pero esa pujanza extrema puso en alerta a la Comisión, que retiró sus permisos por faltas "muy graves".

Su responsable, Pérez Frutos, denunció ya a la CNMV por haber actuado sin respetar la ley y con acusaciones poco convincentes que han llevado a la Policía a investigar el caso. Podrían estar implicados diferentes responsables del organismo regulador.

Por ello, miembros de la UDEF se han dirigido a Elvira Rodríguez para entregarle en persona un requerimiento de información sobre las actuaciones de la CNMV en ambos supuestos. "En ningún caso se sometió a interrogatorio a la presidenta", puntualizó ayer el regulador.

De hecho, la Comisión admite la posibilidad de que la investigación policial dé sus frutos: "Si se dedujeran responsabilidades, la CNMV tomaría las oportunas medidas para depurarlas". Pero en la sede de la institución no quieren oír hablar de ninguna trama generalizada. "Las investigaciones en marcha se encuentran aún en una fase muy preliminar" y "se refieren, exclusivamente, a dos denuncias", no a una sucesión de casos imputables a la CNMV por las licencias que otorga de forma habitual, dicen.

Las pesquisas policiales también se estarían dirigiendo hacia Renta 4 Banco, una de las compañías que habría salido beneficiada supuestamente de la suspensión deliberada de otras Eafi como Dracon. A la entidad presidida por Juan Carlos Ureta fueron a parar inicialmente la mayor parte de los clientes de Dracon, aunque se trata de un procedimiento habitual cuando una firma deja de operar para evitar que sus clientes se encuentren sin respaldo alguno.

Fuentes de Renta 4 Banco consultadas destacan que la entidad "nunca ha tenido un trato a favor ni en contra" en procesos de licencias. Para algunos expertos bursátiles, se trataría de "una venganza", o una especie de ‘vendetta’, de los responsables de las empresas cerradas contra los que heredaron sus clientes, independientemente de lo que determine la investigación policial que se lleva a cabo.

De hecho, la CNMV se ha curado en salud ante las insinuaciones que la acusan de intervenir en el proceso de selección de la gestora de los fondos de inversión del intervenido Banco Madrid. En este caso, Renta 4 fue designada gestora de esos productos y Cecabank, depositaria. El regulador indicó que a este proceso "se invitó a participar a 19 sociedades gestoras" y afirma que fue resuelto valorando la documentación presentada por los aspirantes.