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El Ayuntamiento de Soria apuesta por un consorcio provincial de bomberos con Diputación y Junta

"Es una fórmula satisfactoria de optimizar los recursos humanos y materiales", explica Carlos Martínez.

Un bombero interviene en un simulacro de incendio en Soria
Un bombero interviene en un simulacro de incendio en Soria
Mariano Castejón

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha abogado este viernes por impulsar en esta legislatura la constitución de un consorcio provincial de bomberos para que toda la provincia está atendida en las emergencias que se produzcan por profesionales.

Martínez, a preguntas de los periodistas tras la celebración de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Soria, ha subrayado que este consorcio necesita el compromiso económico de todas las administraciones, en especial la Junta de Castilla y León, con el objetivo de implantar el modelo que ya está en marcha en otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento de Soria está estudiando esté modelo para implantarlo, junto con la Diputación soriana -gobernada en minoría esta legislatura por el PSOE-, en la provincia.

Martínez ha pedido un "tiempo de maduración" para poner en marcha este compromiso electoral socialista.

El consorcio, según ha avanzado, tendría un cuerpo propio de bomberos, sustentado económicamente por Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León. "Es una fórmula satisfactoria de optimizar los recursos humanos y materiales y de profesionalizar y atender mejor las urgencias", ha subrayado.

Martínez ha apuntado que en Castilla y León hay constituido algún consorcio de bomberos de ámbito comarcal.

El anuncio ha coincidido con la admisión a trámite de la queja presentada por USO ante el Procurador del Común de Castilla y León sobre la generalización de servicios de auxiliares de incendios voluntarios en la Diputación provincial de Soria, conveniado con el Ayuntamiento de Soria.

El responsable de USO-Soria, Federico Laguna, ha advertido de que este convenio se limita a dar presunción de "legalidad" a lo que, a su juicio, es un fraude de ley, por amparar un servicio público con presencia mayoritaria del personal voluntario frente al profesional.

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