El nuevo consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, se ha encontrado más de 570 solicitudes de ayuda a la vivienda sin resolver, alguna de las cuales se remonta hasta el año 2011. En todos los casos, los funcionarios tramitaron los expedientes, la mayoría de ellos de denegación, pero ningún alto cargo del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes los firmó. Así lo aseguró a este diario la nueva directora general de Vivienda, Mayte Andreu, que se ha marcado como prioridad revisar y solventar todos los casos antes de finalizar el ejercicio. "Los técnicos hicieron su trabajo, pero les devolvían los expedientes. Tal cual", apostilló.

Mayte Andreu explicó que el servicio jurídico de Vivienda sí informó las solicitudes y elevó una propuesta de resolución, pero ninguno de los 570 casos se llegaron a firmar. "Esto es una decisión política del anterior consejero (Rafael Fernández de Alarcón). Parece que hubiera una intención de que laDirección General de Vivienda no saliera adelante y la mejor forma era bloqueando el trabajo de los funcionarios. Era la hermana fea de la Consejería", aseveró. El PP indicó ayer que no tenía datos para valorar esta situación.

La nueva directora general, que apenas lleva tres semanas en el cargo, aseguró que el bloqueo de expedientes es mucho mayor, ya que tiene constancia de que se acumulan "bastantes más" en otras áreas de Vivienda. La revisión ha comenzado por el servicio jurídico y en los próximos días se extenderán a Rehabilitación, Vivienda Social, Gestión del Patrimonio y Gestión Económica. "Estamos haciendo un barrido general", apostilló.

El problema afecta a seis líneas distintas de ayudas de la Dirección General con la que se subvenciona a ciudadanos que no llegan a pagar su alquiler y a los que tienen una hipoteca por una vivienda protegida (la denominada prórroga de subsidiación), a aquellos que quieren rehabilitar su casa o adaptarla para cumplir con la eficiencia energética, a los jóvenes que pretenden independizarse (renta básica de emancipación) y a los que solo querían acceder a la bolsa de alquiler social.

Andreu explicó que más del 80% de los expedientes no firmados corresponde a solicitantes de ayudas a inquilinos, de la prórroga de subsidiación de viviendas de protección y de la bolsa de alquiler. Además, también hay atasco en la resolución de depósitos de fianza de alquiler y en autorizaciones de no residencia a propietarios de VPO. "Todos los expedientes de este año, de los que hay contabilizados 184 hasta el mes de marzo, están sin firmar. A estos se suman 275 solicitudes de 2014, nueve de 2013 y otras dos que son de 2012 y 2011", detalló.

La directora general de Vivienda manifestó que la mayoría de los expedientes eran de denegación, ya que la ley estatal de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler (aprobada por el PP a mediados de 2013) obligó a las comunidades autónomas a restringir la concesión de las ayudas. "Los funcionarios tuvieron que informar negativamente las solicitudes por incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley", señaló antes de recordar que esta norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Este bloqueo, aclaró, no supondrá un coste económico para las arcas autonómicas, aunque admitió que los promotores inmobiliarios se han visto afectados por la parálisis en las subvenciones de apoyo a la eficiencia energética y, en este caso, sí han interpuesto varios recursos legales por la vía de lo contencioso-administrativo. En estos casos, los promotores no obtuvieron respuesta a sus solicitudes pese a contar con un primer visado que reconocía su derecho a cobrar la subvención. "Cuando acabaron las obras, al ser con posterioridad a la citada ley no se les pudo reconocer el cobro y sus expedientes no se resolvieron", especificó.

Los ocho constructores más afectados se quedaron colgados con solicitudes pendientes por un importe superior a los 1,3 millones de euros.