Madrid empieza a tramitar las nuevas tomas para los pueblos afectados por el lindano
La ejecución de las obras, a cargo del Gobierno central, no tiene plazos ni presupuesto comprometido.
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) presentó en abril ante el Ministerio de Medio Ambiente el estudio con las distintas alternativas planteadas para las nuevas tomas, que supondrán la instalación de más de 70 kilómetros de tuberías y tendrán un presupuesto de entre 15 y 17 millones de euros, según una primera estimación. En ese momento, la directora general del Agua, Liana Ardiles, se comprometió a tramitar los proyectos para dichas obras.
Y una vez analizado ese estudio preliminar, Acuaes ha iniciado el proceso de consultas previas a diversos organismos (entre ellos el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Inaga ), entidades y colectivos que se consideren afectados. El objetivo es determinar si estas actuaciones deben someterse a una evaluación de impacto ambiental, lo que supondría alargar los plazos para que las localidades amenazadas por el pesticida dispongan de abastecimientos seguros.
El siguiente paso sería redactar los proyectos correspondientes, en base al documento presentado por el IAA, consensuado con los municipios afectados y en el que se hacía un análisis de las distintas alternativas con su estimación de costes, además de detallar cuáles se consideraban las opciones más adecuadas. Los proyectos serán los que finalmente determinen el plazo de ejecución y los costes de las actuaciones.
El estudio encargado a BS Ingeniería analizaba las posibles soluciones para 14 núcleos de población. Casi una decena de ellos estuvieron el pasado otoño varias semanas sin poder beber del grifo al superarse los niveles máximos permitidos del pesticida, a raíz de los trabajos en el vertedero de Bailín (Sabiñánigo).
La única población que resultó afectada y que dispondrá a corto plazo de un nuevo abastecimiento es Villanueva de Gállego, puesto que la traída desde Yesa estaba ya proyectada desde hace años y actualmente está en obras.
Mientras, la DGA, a través del Instituto Aragonés del Agua, continuará sufragando los gastos derivados del mantenimiento de los filtros de carbono instalados en las potabilizadoras de las 33 localidades que beben del río o de La Sotonera para evitar que los restos de lindano que arrastra el Gállego lleguen a sus sistemas de agua de boca. Estos dispositivos deben ser revisados cuando se producen repuntes de contaminación, una situación que se ha repetido varias veces en los últimos meses, principalmente debido a las tormentas.