El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha dirigido a los municipios de la Comunidad con más de 5.000 habitantes, excluyendo las capitales de provincia, con el fin de recabar información sobre la oferta de plazas de guardería para la atención de 0 a 3 años ya sean públicas o privadas.

Asimismo, ha requerido conocer la demanda en cada uno de los tres niveles educativos de los centros públicos de titularidad municipal y, en los supuestos en que dicha demanda supere la oferta, si el ayuntamiento prevé la concesión de ayudas que permitan afrontar los gastos de escolarización de esos niños en centros privados, ha indicado el Justicia de Aragón en una nota de prensa.

García Vicente ha explicado que "en nuestra sociedad se han producido cambios muy significativos que han transformado los modelos familiares", con "parejas que han de compatibilizar el trabajo de ambos fuera del hogar con la crianza y educación de los hijos" y familias monoparentales.

Esto "ha suscitado nuevas necesidades sociales a las que se ha de dar una respuesta de forma adecuada". Por otro lado, la Institución es consciente "de que aunque la etapa de enseñanzas obligatorias comienza con la Educación Primaria, a los 6 años, está generalizada entre la población la escolarización de los menores en el segundo ciclo de Educación Infantil, a los 3".

Esta realidad "exige" de las Administraciones públicas "planificación y dedicación de recursos con el fin de prestar un servicio muy necesario lo mejor posible", ha apuntado García Vicente.

Atención reiterada

La Institución ha recordado la "atención reiterada" del Justicia de Aragón hacia esta cuestión. Entre otras cosas, a finales de 2014 hizo pública una sugerencia dirigida a la Administración autonómica y a los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca Y Teruel solicitando el incremento de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil.

También extendió esta petición a aquellas zonas "en que la oferta sea insuficiente" y no exista posibilidad de crear nuevos centros o ampliar los ya existentes.

Además, propuso estudiar la conveniencia de conceder ayudas teniendo en cuenta criterios de renta, situación laboral de los padres y otras cuestiones para la escolarización de estos niños que se tienen que matricular en un centro privado por no tener plaza en uno público.